La reciente polémica en torno a los centros de menores, avivada por casos como el asesinato de una trabajadora social en Badajoz o los abusos a menores tuteladas, ha puesto de nuevo el foco en estos espacios. A esto se suma el debate sobre la posible creación de un centro para menores en Agoncillo y la instrumentalización de algunos partidos políticos como Vox que relacionan directamente a los menores no acompañados que llegan de África directamente con la delincuencia. Sin embargo, es fundamental diferenciar los diferentes centros que atienden a menores y los chavales que están dentro de ellos.
«Lo primero que hay que hacer es diferenciar entre dos tipos de centros», explica Juan Latasa, vicepresidente de CEESRioja (Colegio de Educadores Sociales de La Rioja) y profesor de Servicios a la Comunidad. «En La Rioja, al igual que en otras comunidades, existen centros para menores que han cometido delitos y cumplen medidas judiciales, y centros para menores que han sido víctimas de sus entornos familiares o que carecen de familia». En los primeros, el internamiento de los jóvenes es una decisión judicial, mientras que en los segundos se busca garantizar su protección y desarrollo y se realiza a través de los Servicios Sociales.
En cuanto a los primeros, el Gobierno destinó el año pasado 575.600 euros para crear un servicio de convivencia en medio abierto para menores con medidas judiciales no privativas de libertad. Este recurso, solicitado en las memorias de la Fiscalía de Menores, pretende reducir internamientos y medidas de libertad vigilada, ofreciendo a ciertos jóvenes la posibilidad de cumplir su sanción conviviendo con grupos educativos. La medida se enfoca especialmente en casos de maltrato intrafamiliar leve y en menores en la fase final de su internamiento, con el objetivo de facilitar su reintegración en la sociedad.
«Para estos casos, en mi opinión, el entorno rural es mucho más adecuado para ellos. En muchos casos, basta con alejarlos de su entorno problemático para que mejoren», señala. Sin embargo, cuestiona la ubicación exacta del piso que se quiere instalar en Agoncillo: «No lo veo bien, no porque esté en ese municipio, sino porque está alejado del núcleo urbano. Los chavales necesitan compartir experiencias, hacer servicios a la comunidad. No basta con cumplir su medida sin que haya un verdadero cambio».
La Fiscalía de Menores de La Rioja ha insistido en la necesidad de crear estos pisos para menores que han cometido faltas o delitos leves, evitando su ingreso en centros como el de Valvanera. «Tenemos un estereotipo equivocado: más de la mitad de estos chavales provienen de familias de clase media y alta. La mayoría entran por violencia filoparental, un problema derivado de estilos educativos permisivos en el hogar». Se trata de medidas alternativas para evitar que delitos leves se gestionen con sanciones desproporcionadas y que los chavales aprendan.
Nada que ver con los pisos de acogida
En el otro extremo están los pisos de acogida, donde los jóvenes son realmente víctimas de su entorno o simplemente no tienen familia. Aquí entrarían esos 157 menores que pueden llegar desde Canarias en ese reparto que se va a hacer por el resto de España de menores no acompañados llegados de África, teniendo en cuenta que en La Rioja no hay un centro específico para ellos.
Los chavales que están en estos centros, «son jóvenes y niños a cuyos padres les han quitado la custodia porque no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades básicas», explica Javier, experto en el tema. En estos casos, para este experto el acogimiento familiar es la mejor solución. «Cuando tienen cubiertas sus necesidades básicas y reciben cariño, pueden salir adelante», añade. Lo fundamental es apartarlos de estos contextos nocivos, dotarlos de hábitos educativos y hacerles sentir parte de la sociedad.
Los menores no acompañados representan otro perfil completamente diferente. En La Rioja no existe un recurso específico para ellos, por lo que se encuentran en centros de acogida. «Son chavales que han pasado por situaciones muy difíciles. Necesitan programas de acogida, aulas de enlace, clases de castellano…», explica Latasa. Para él, el entorno rural también podría ser una gran oportunidad para su integración, ya que «provienen de aldeas similares a nuestros pueblos, y en espacios pequeños la adaptación es más fácil». En estos entornos, es más sencillo establecer lazos y formar parte de grupos ya consolidados, como los grupos de scouts o asociaciones parroquiales.
Lo que no se puede permitir, advierte Latasa, es el estigma social que se ha generado en torno a estos menores. «Estamos normalizando discursos xenófobos que están calando entre nuestros jóvenes», alerta. «Se han difundido ideas erróneas que asocian a estos chicos con la delincuencia, cuando la realidad demuestra lo contrario», comenta.
Él mismo señala un estudio reciente de la FEPA (Federación de Entidades para la Emancipación) que revela que, siete años después del gran ‘boom’ migratorio de 2018, la mayoría de los menores que pasaron por pisos tutelados después de llegar a España han logrado integrarse. El 89 por ciento trabaja, estudia o hace ambas cosas, y solo un 10 por ciento no está ni en el sistema educativo ni en el mercado laboral. De hecho, la mitad de ellos combina formación y empleo, la tasa más alta registrada hasta la fecha.
Para Latasa estos chavales merecen una oportunidad sin tener que ser estigmatizados. «Nadie cruza el estrecho en un cayuco por aburrimiento», incide. «Vienen de situaciones de miseria, guerra y necesidad. No podemos seguir perpetuando discursos de odio que solo agravan su situación y dificultan su integración».
