La crisis interna de Vox en La Rioja ha dado otro giro con una denuncia presentada ante el canal ético del partido por posibles irregularidades económicas en el grupo municipal de Logroño. La documentación, presentada el 11 de febrero en los cauces que ofrece el partido, señala supuestas prácticas cuestionables en la gestión de fondos. En esta ocasión, la persona señalada es la concejal María Jiménez. Según la denuncia, su exasociada en un despacho de abogados habría emitido facturas por servicios de manera recurrente al grupo municipal.
La denuncia también plantea que, hasta que Jiménez asumió su cargo en el Ayuntamiento, ambas trabajaban en un piso que compartían y que era propiedad de la familia de la ahora concejal a la que le pagaban un alquiler. Actualmente, la exsocia de la ahora portavoz municipal asume el alquiler de manera individual, lo que ha generado dudas sobre las implicaciones económicas entre la concejal, la abogada y la familia de Jiménez, que podrían interpretarse como una irregularidad.
Las facturas, según ha podido saber NueveCuatroUno, oscilarían entre 600 y 900 euros mensuales y figuran bajo el concepto de ‘Profesionales. Estudios técnicos y otros’, una partida que supera los 22.000 euros en las cuentas presentadas por el grupo municipal. Fuentes internas del partido han justificado estos pagos al señalar que la exasociada de Jiménez «realiza tareas de asesoramiento para el grupo municipal, como la preparación de comisiones, plenos e intervenciones para las dos concejalas».
Sin embargo, este sistema de pagos ha generado dudas en miembros del partido, dado que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local impide la contratación directa de asesores y los contratos recurrentes a profesionales para evitar contrataciones encubiertas. Según fuentes internas del partido, se habría optado por externalizar estos servicios a través de facturación, lo que algunos interpretan como un intento de sortear las restricciones legales.
El estallido de este caso coincide con la reciente destitución de Ricardo Palacios, que ha generado tensiones internas en el partido. Tan solo unos días después de la destitución de Palacios como secretario del grupo municipal, se presentó la denuncia en el canal ético de Vox, poniendo en cuestión las facturas destinadas a dicho asesoramiento.
Pocos días después, los dos ediles que el partido tenía en Lardero decidieron dimitir. Laura Llorente y Pietro Chesús Alvero dejaban sus actas de concejales en protesta por la gestión de la dirección regional del partido, a la que acusan de contradicciones en sus valores. La crítica se centraba especialmente en el nombramiento de Ignacio Aquesolo (portavoz de Vox dimitido en Lardero) en un cargo remunerado en Logroño, pese a su escasa trayectoria política y en la decisión de enviar 60.000 euros del dinero de los logroñeses a las arcas del partido en Madrid.
Sobre el caso concreto de las facturas emitidas a la exasociada de Jiménez, desde el partido han afirmado que «no existe ninguna irregularidad» y han calificado la denuncia interna como un intento de generar desgaste dentro del partido. Por el momento, Vox mantiene silencio oficial respecto a estos movimientos en el grupo municipal de Logroño.
