Dos años después de la modificación de la Ley del Aborto, que garantizaba el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) -tanto por método quirúrgico, como por farmacológico- dentro de la propia comunidad, las mujeres riojanas siguen viéndose obligadas a desplazarse a otras comunidades autónomas para poder ejercer su derecho a la IVE por el método quirúrgico.
En toda La Rioja, el Hospital San Pedro y el de Calahorra son los únicos centros que ofrecen a las mujeres la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo y solo por el método farmacológico. En el caso de que necesiten acceder al método quirúrgico, son derivadas a una clínica privada en Pamplona.
Obligadas a desplazarse
En la Ley Orgánica 1/2023 se establece que las mujeres tienen derecho a abortar de manera segura, gratuita y confidencial. También establece que las menores con 16 y 17 años pueden interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de contar con el consentimiento de sus padres o tutores legales. Todo lo relacionado con el traslado «dificulta mucho la protección de la confidencialidad, algo que no sería necesario si no siguiera siendo un tabú, si a las mujeres se nos dejara de señalar y tratar casi como a delincuentes», aseguran desde el colectivo Feministas de La Rioja.
Los gastos del desplazamiento los cubre en su totalidad la propia Administración, en concreto la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Aunque no es oro todo lo que reluce. «En todo este tipo de cuestiones de desplazamientos médicos lo normal es que los gastos los adelante la paciente y, al cabo del tiempo, se lo reintegre la Administración. Te van a pagar, sí, pero una tiene que adelantar», explica María Somalo, consejera de Salud del Gobierno de La Rioja durante la anterior legislatura. Esto provoca que haya mujeres que, por motivos económicos, no pueden acceder a un derecho que, tal y como expone la Ley, debería ser gratuito.
A esto se suma que, si una mujer quisiera o necesitara ir acompañada, algo totalmente entendible teniendo en cuenta el proceso al que se está sometiendo, debería abonar esos gastos de su propia cuenta.
«Además de cualquier gasto que deben afrontar y que muchas no pueden asumir, el hecho de ser alejadas de su comunidad afecta a su salud mental. No olvidemos que en muchas ocasiones se enfrentan solas al proceso y, de esta manera, se las aleja de su zona de confort, de lo conocido, con la ansiedad, incertidumbre y confusión que ello conlleva. A nivel psicológico, es una especie de castigo», explican Feministas de La Rioja.
Objetores de conciencia
¿Por qué se da esta situación? Porque la mayoría de los profesionales sanitarios de la comunidad se adscriben a la objeción de conciencia, un derecho mediante el cual los sanitarios pueden negarse a realizar ciertos procedimientos. En el caso de la IVE pueden ser objetores totales -si se niegan a practicar tanto el método farmacológico, como el quirúrgico- o parciales, si solo acceden a practicar el farmacológico.
María Somalo cree que lo que ocurre con el tema del aborto es que hay una «objeción institucional, colectiva, más que individual. Luego cada uno tiene que expresar de manera individual y por escrito que es objetor y cuál es el alcance de su objeción. Pero realmente lo que se da es un ‘o todos o ninguno’. ¿Por qué razón? Porque igual alguno o alguna tiene la valentía de decir que no tiene ningún problema en hacer eso y lo que va a ocurrir es que esta persona tiene que ser muy valiente, tiene que tener una convicción moral clara. Pero luego tiene que ser valiente en otro sentido: todo el mundo va a saber que es él, con nombres y apellidos, el profesional que realiza abortos quirúrgicos». Esto refleja que el aborto continúa siendo, aún en pleno 2025, un tema muy polémico.
«La Rioja es una de las comunidades en las que la objeción de conciencia está impidiendo que se aplique una ley que salvaguarda un derecho de la mitad de la población. Para nosotras, debe haber un equilibrio entre el derecho a la objeción de conciencia y los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en la sanidad pública. La situación en la que estamos está ocurriendo por esa falta de equilibrio», señalan desde Feministas de La Rioja.
En 2024 se aprobó un protocolo a nivel nacional que obligaba a que las comunidades autónomas crearan un registro de objetores de conciencia a efectos internos. La Rioja ya contaba con este registro desde antes de la aprobación del protocolo, aunque no está disponible para consulta pública, ya que su finalidad es «que la propia Administración pueda comprobar que quien objeta en el ámbito público, luego no objete en el ámbito privado. Es evitar que no haya profesionales que se nieguen a realizar intervenciones en el servicio público, pero que luego, en su consulta privada, sí las hagan», explica María Somalo.
Soluciones o «parches»
Existen varias soluciones, una de ellas pasa por traer especialistas sanitarios de otras comunidades para que lleven a cabo las intervenciones quirúrgicas. «Otra opción es contratar a un ginecólogo para trabajar aquí que realizara el procedimiento. La dificultad está en que ningún médico de fuera que venga aquí a hacer abortos quiere que le señalen. De toda la vida hay un miedo añadido a que seas el señalado. No solamente por tus compañeros, sino también por las asociaciones ‘provida’ que hay. El ser el único que hace una cosa te señala», explica la exconsejera de Salud.
«Contratar a personal de otras comunidades es un parche que puede aliviar el problema, pero, a fin de cuentas, creemos que la solución es conseguir a nivel interno cupos mínimos que garanticen la aplicación de la Ley. Y, a largo plazo, es imprescindible concienciar a la sociedad y formar también a profesionales de la salud sobre la importancia de este derecho para las mujeres», sostiene Feministas de La Rioja.
El aborto sigue siendo un asunto sometido a un gran estigma social, tanto dentro como fuera de la profesión médica. Por ello, María Somalo señala que es fundamental «seguir trabajando en la sensibilización de los profesionales de ginecología de La Rioja, para que, poco a poco, vayan aceptando realizar intervenciones», pero que es una solución «más complicada, porque en todo momento se tiene que hacer respetando la objeción de conciencia de los profesionales».
Desde Feministas de La Rioja señalan: «Tenemos un grave problema si ni siquiera el personal que debe encargarse de ello es capaz de comprender la profundidad del proceso, o las consecuencias físicas y psicológicas que tiene para las mujeres continuar con un embarazo no deseado, o simplemente el derecho que tenemos a no continuar con él».
España reconoce el derecho al aborto desde 2010 (desde 1985 en determinados supuestos). En 2023, los derechos contemplados en esa Ley se ampliaron y reforzaron. Sin embargo, quince años después, el reconocimiento de ese derecho parece que se resiste a llegar del todo a La Rioja.
