Hace prácticamente un mes que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió el fallo que tumbaba el proyecto de creación de la denominación ‘Viñedos de Álava – Arabako Mahastiak’. Una sentencia sobre la que cabía la posibilidad de que tanto el Gobierno vasco, como parte demandada, y ABRA, como promotora de la DOP y coodemandada, presentasen un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Las partes, por el momento, han tomado caminos diferentes. Al menos en sus anuncios, ya que desde la asociación alavesa no confirman a día de hoy la presentación del citado recurso.
El Gobierno vasco ha confirmado este martes que no va a recurrir tras un «análisis jurídico» elaborado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, pero ABRA tiene intención de seguir adelante. El presidente provisional de ‘Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava’ y miembro de la junta de esta Asociación, Emilio Aguillo, ha destacado que los abogados ya tienen la orden de presentar el recurso. «Hay de plazo hasta el 23 de diciembre, pero no sé si a día de hoy se ha presentado ya o no».
La presidenta de ABRA, Itxaso Compañón, ha vuelto a dejar sin respuesta las reiteradas llamadas de este medio. A su vez, Aguillo ha declinado valorar la decisión del Ejecutivo vasco de no presentar alegaciones, aunque recuerda que «el Gobierno vio las mismas deficiencias que nosotros en la sentencia». Asegura, en cualquier caso, que «esto no afecta para nada» al desarrollo del proceso: «Ya consultamos si el Gobierno vasco y ABRA tendrían que ir de la mano en esto y nuestros abogados nos dijeron que perfectamente podíamos ir separados porque el que una parte recurra no implica que la otra deba hacerlo también».
El presidente provisional de ‘Viñedos de Álava’ defiende la decisión tomada por ABRA en base a los informes de los abogados. «Nos mostraron los puntos débiles de la sentencia donde se podría ir a un tribunal de casación, que es el que nos corresponde ahora». Aguillo incide en que el recurso es una «vía de salida» para la situación económica de la comarca: «Siempre hemos respetado a aquellos operadores que forman parte de ABRA y quieren quedarse dentro de la DOCa Rioja, pero hay otras bodegas que creemos que podemos defender mejor nuestros intereses económicos, que no políticos, y la viabilidad de nuestros negocios fuera de esta denominación».
El escenario que se dibuja a partir de ahora es el siguiente: el Tribunal Supremo ha de aceptar el recurso de casación si entiende que hay argumentos necesarios para recurrir la sentencia, y después lo valorará para emitir una resolución. Un procedimiento, estima Aguillo, que se podría alargar entre un año y medio y dos años, aunque hablar de los tiempos de la justicia siempre es muy relativo.
