La Rioja perdería entre 244 y 305 millones de euros si Cataluña no aportase nada al fondo común y el Estado no pusiera más dinero ni subiera los impuestos, según un informe del Colegio de Economistas de la comunidad riojana sobre ‘Las consecuencias de la financiación singular catalana’.
Así lo ha afirmado este lunes el decano presidente del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Ignacio Gómez, en un encuentro informativo previo a la presentación de este informe, en el que han participado el catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio; y el economista Javier Santacruz.
También han asistido a esta presentación, celebrada en la Universidad de La Rioja (UR), los presidentes del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; y del Parlamento regional, Marta Fernández. Gómez ha explicado que este informe busca “dar respuesta a la sociedad riojana de cuál sería, en abstracto, el efecto del acuerdo político sobre la financiación de Cataluña, cuyos detalles técnicos no se conocen”.
“Por tanto, el trabajo del Colegio consiste exclusivamente en indicar, si Cataluña no aportase nada, al fondo común, cuál sería el efecto sobre La Rioja teniendo en cuenta, lógicamente, determinados parámetros”, ha precisado.
Este documento, ha continuado, se basa en dos parámetros, uno de financiación de ingresos para 2026 muy optimista, donde la recaudación se mantendría disparada igual que en los últimos 4 años; y otro menos optimista, con la recaudación de los últimos tres años.
El margen de maniobra del Estado es pequeño
“Los escenarios son imprevisibles porque los políticos son imprevisibles y nosotros lo único que decimos es que si Cataluña no aportase nada y el Estado no pusiera nada, el efecto para La Rioja, de forma proporcional con los cálculos de 2022, sería este”.
Ha señalado que el resultado de este informe sería otro, por ejemplo, “si el Estado pudiera poner más dinero; si se subieran los impuestos por parte del Estado o si el ámbito de financiación de los impuestos fuera otro y la recaudación para las comunidades autónomas fuese otro porcentaje en otros impuestos”.
“Lo que sí está claro es que el margen de maniobra del Estado es pequeño», ha indicado, porque «estamos en un endeudamiento del Producto Interior Bruto (PIB) superior al cien por cien, con un compromiso con la Unión Europea (UE) de un déficit máximo del tres por ciento, por lo tanto, en ningún escenario el Estado podría poner excesivo dinero”.
Por su parte, Guerrero ha apuntado que este estudio es “muy seminal» porque, realmente, no se conocen aún los parámetros derivados del pacto fiscal que se está negociando y se ha partido de la base de que no se va a aplicar el principio de solidaridad en el pacto fiscal.
Sin embargo, “parece que algún elemento de solidaridad se va a incorporar, con lo cual, nos moveríamos en la horquilla baja de la pérdida recaudatoria para La Rioja», ha subrayado, pero, «en cualquier caso, supone una merma significativa de los recursos y una ruptura del sistema de financiación autonómica que conocemos”.
“Desde esa perspectiva, yo creo que es una situación suficientemente grave como para plantearse qué alternativas tenemos respecto a lo que es la financiación autonómica en régimen común”, ha destacado.
Además, ha señalado que el hecho de que, por ejemplo, una comunidad como Cataluña tenga su propio sistema de gestión y organización fiscal a través de una Agencia Tributaria catalana, supone una merma respecto al control cruzado y, por lo tanto, «un incentivo al fraude fiscal en el conjunto del Estado”.
Quiebra del estado de bienestar
En su intervención, Santacruz ha indicado que en los dos escenarios que contempla este informe la pérdida de fondos para La Rioja es bastante notable, ya que hay que tener en cuenta la parte presupuestaria que proviene de las transferencias dadas por la Administración central”.
“Estaríamos hablando no solo de la pérdida de entre 244 y 305 millones de euros, que es el escenario más conservador y pesimista, sino que, además, tendríamos un problema con el resto de fuentes de financiación”, ha incidido.
Capellán, en su discurso de cierre del acto, ha afirmado que esa pérdida de entre 244 y 305 millones de euros supondría la quiebra del estado de bienestar y la imposibilidad de que las comunidades autónomas garanticen la sanidad, la educación y los servicios sociales.
“Desde la Administración pública y la sociedad tenemos que estar en plena alerta y oponernos a que este acuerdo se pueda concretar en cualquiera de los escenarios, el prudente o el optimista”, ha subrayado.
