El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los jóvenes en España, y La Rioja no es la excepción. El aumento desmesurado de los precios del mercado inmobiliario y la falta de oferta de viviendas asequibles han creado una situación preocupante, donde muchos jóvenes se ven imposibilitados de acceder a una vivienda propia o alquilada en condiciones favorables. El problema se agrava en un contexto en el que la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que fue clave para la accesibilidad hace unas décadas, ha desaparecido por completo, al menos en La Rioja.
A lo largo de la década de los 90 y principios del siglo XXI, las VPO jugaron un papel crucial en la democratización del acceso a la vivienda para las clases medias y bajas en La Rioja. Entre 1991 y 2014, se calificaron 2.544 viviendas de protección oficial en toda la comunidad autónoma. Más de la mitad de ellas, concretamente 1.355, se construyeron durante el periodo de auge entre 2003 y 2011. Estas viviendas, ubicadas en decenas de edificios repartidos por la región, fueron rápidamente adquiridas por compradores que buscaban una alternativa económica a la compra de una vivienda.
Sin embargo, este modelo se interrumpió en 2014. Entonces se promocionó la última VPO en La Rioja. Fue concretamente en Aldeanueva de Ebro. Desde entonces, la construcción de este tipo de viviendas se ha detenido completamente. La principal razón la explica Carlos Alonso, director general de Vivienda del Gobierno de La Rioja, es que “los precios a los que estaba la vivienda de protección oficial no resultaban rentables para las constructoras”. Las empresas inmobiliarias, enfrentándose a un incremento constante en los costes de construcción, consideraban (y a tenor de la situación actual, siguen considerando) poco atractivo este tipo de proyectos. A pesar de un aumento del 44 por ciento en los precios de las VPO anunciado por el Gobierno riojano en marzo de este año, el sector privado sigue sin estar interesado en promoverlas. Como señala Alonso: “Nadie se moviliza en el sector para perder”. El incremento de precios, aunque significativo, no ha sido suficiente para incentivar la construcción de nuevas VPO, dejando a los jóvenes sin esta importante opción de acceso a la vivienda.
Este estancamiento en la construcción de VPO no se debe a la falta de demanda. De hecho, los jóvenes en La Rioja están enfrentando una situación cada vez más complicada. Los precios del mercado libre de vivienda, tanto de compra como de alquiler, han subido considerablemente en las últimas dos décadas, especialmente en los municipios más grandes y urbanizados, como Logroño, Calahorra, Haro, y Alfaro. Estos son los lugares donde más jóvenes desean asentarse, dado que ofrecen mejores oportunidades de empleo y servicios.
A pesar de ello, las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno regional no han logrado hacer frente a las necesidades de estos jóvenes. Un claro ejemplo es el programa estrella del Ejecutivo, el Plan Revive. Este plan, que ofrece ayudas de hasta 40.000 euros a jóvenes para la compra, rehabilitación o autopromoción de viviendas, tiene como principal objetivo fijar población en municipios de menos de 5.000 habitantes. El doble objetivo de este plan es, por un lado, facilitar el acceso a la vivienda a las nuevas generaciones y, por otro, frenar la despoblación que afecta a gran parte de las zonas rurales de La Rioja.
Aunque la medida ha tenido una acogida sorprendente, con 400 beneficiarios en pocos meses, superando las expectativas de la consejería, que calculaba ayudar a 150 personas anualmente, esta política tiene una limitación crucial: los jóvenes que viven en los principales núcleos urbanos de la región, como Logroño, Calahorra, Arnedo, Haro, Alfaro, Villamediana, Nájera y Santo Domingo de la Calzada, no pueden beneficiarse de estas ayudas para la compra de vivienda. En su lugar, estos jóvenes sólo pueden acceder a subvenciones enfocadas al alquiler, lo que deja fuera una parte significativa del problema de acceso a la propiedad.
Aunque el Plan Revive busca atraer a los jóvenes hacia los municipios rurales, donde los precios son más bajos y las oportunidades de adquirir una vivienda son más accesibles, aún está por verse si esta estrategia conseguirá los resultados esperados a largo plazo. Las ayudas del plan obligan a que los beneficiarios establezcan su residencia habitual en estos municipios durante al menos cinco años.
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