En La Rioja, alrededor de 10.500 personas están pendientes de las negociaciones que estos días se llevan a cabo entre el ministerio de Sanidad y MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) para renovar las primas de los seguros que ofrece a funcionarios del Estado. De este total, unos 8.000 son empleados públicos del Estado y docentes, mientras que el resto son familiares que se benefician del seguro. A través de MUFACE, los funcionarios pueden optar entre la sanidad pública o la privada, siendo Adeslas, Asisa y DKV las principales aseguradoras encargadas de gestionar las pólizas.
En estos días, Adeslas, Asisa y DKV se encuentran negociando con el Gobierno la renovación de las primas de los seguros que ofrecen a los funcionarios a través de MUFACE. Las aseguradoras alegan que han estado operando con pérdidas, y por ello han solicitado un aumento del 27 por ciento en las primas. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado un incremento del 17 por ciento, significativamente por debajo de lo que piden las aseguradoras, pero considerablemente superior al aumento medio anual del 4,4 por ciento registrado en los últimos años. De llegar a un acuerdo con las condiciones del Estado, la prima media pasaría de 1.032 euros a 1.208 euros.
El plazo para cerrar estas negociaciones expira el 25 de noviembre. Si no se llega a un acuerdo, miles de empleados públicos se verán en una situación incierta respecto a su cobertura sanitaria. En este contexto, el Servicio Riojano de Salud (SERIS) está tomando medidas preventivas para reforzar el sistema sanitario público ante la posibilidad de que aumente la demanda de servicios asistenciales, especialmente en un momento de tensión debido a la escasez de profesionales sanitarios.
El déficit de personal sanitario es un problema que afecta a todo el sistema de salud en España, y La Rioja no es la excepción. El SERIS está realizando «esfuerzos presupuestarios para contratar más personal y atraer a profesionales del sector», dicen desde la cartera de María Martín. Este esfuerzo se considera esencial para aliviar la presión asistencial que sufren los centros de salud y hospitales, y garantizar una atención de calidad a los ciudadanos.
En relación con la situación de MUFACE, las consejerías de salud, incluida la de La Rioja, «hemos transmitido al Ministerio de Sanidad nuestra preocupación por el impacto que podría tener la inclusión de más personas en el sistema público sin un aumento proporcional en el número de profesionales», ha explicado la propia consejera, María Martín a NueveCuatroUno. Las consejerías han subrayado la «necesidad urgente de seguir trabajando para solucionar la falta de personal y garantizar la financiación adecuada que permita mantener la calidad asistencial en caso de que no se llegue a un acuerdo con las aseguradoras».
El pasado viernes, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno fue cuestionado sobre la existencia de un plan de contingencia en caso de que las negociaciones con MUFACE fracasen. La respuesta del Ejecutivo fue que no se contempla un plan alternativo en este momento, ya que confían en alcanzar un acuerdo con las aseguradoras antes de la fecha límite.
Con las negociaciones en marcha y la presión creciente sobre el sistema sanitario, la resolución de este conflicto será crucial para determinar el futuro de la atención sanitaria de miles de empleados públicos en España. Mientras tanto, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, como La Rioja, deberán estar preparadas para afrontar los retos que este proceso pueda generar.
Hay que tener en cuenta, además, que en los últimos años se ha registrado un notable aumento en el número de empleados públicos que optan por la sanidad pública en lugar de la privada, un fenómeno que ha crecido un 66 por ciento. Actualmente, cerca del 3 por ciento del total de trabajadores públicos acuden a las consultas del sistema de salud público. Esta tendencia refleja un cambio en las preferencias de este colectivo, que históricamente ha tenido acceso a seguros privados a través de acuerdos como los gestionados por MUFACE. (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado).
