UGT ha pedido este miércoles el cese del consejero de Educación, Alberto Galiana, por rechazar fondos estatales para modernizar la FP riojana. El sindicato considera «escandaloso» que se hayan rechazado fondos del Gobierno de España para modernizar la Formación Profesional, después de que el Ejecutivo central haya destinado 130 millones de euros para crear 41.000 plazas de FP por todo el país y que «solo La Rioja, junto con Baleares, hayan declinado ese dinero».
Así lo desveló este martes la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien constató que, sólo estas dos comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, han querido quedarse fuera de estas partidas económicas.
El Gobierno regional se escuda en que “no es asumible” porque ya tiene plazas asignadas, pero «lo cierto es que todas las comunidades autónomas las tienen, y no por ello rechazan que llegue dinero del Estado para modernizar la FP», apunta UGT, que lo considera «un insulto, en primer lugar, hacia los alumnos que quieren cursar una formación profesional, y que ven cómo su Gobierno rechaza dinero para modernizar la FP en su comunidad». En segundo lugar, «es un desprecio hacia las y los jóvenes riojanos, que ven en la FP una vía de inserción laboral para trabajar en muchos sectores de difícil cobertura».
En tercer lugar, «es un desprecio hacia la sociedad riojana y, en particular, a todas aquellas personas que tienen que marcharse de la región para formarse. Por último, es una falta de respeto hacia todo el profesorado de FP, quien ve como se pierden puestos de trabajo y recursos muy necesarios. UGT denuncia que muchos de los centros de FP están sin modernizar y necesitan recursos económicos para mejorar sus instalaciones», añade la organización.
Por ello, pide su cese «por incapacidad manifiesta al rechazar unos fondos económicos que posibilitan que nuestra región progrese, puesto que la primera obligación de cualquier gobernante es velar por la calidad de los servicios en su región».
«Un nuevo ataque»
Por su parte, CCOO ha destacado que esta situación «supone un nuevo ataque a nuestro sistema Público de Enseñanza. Nuestra organización quiere recordar que precisamente la responsabilidad de todo Gobierno y de las Administración Educativa Pública, como recoge la ley, (Artículo 109 LOE) es promover y garantizar el derecho a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas».
Además, el sindicato ha recalcado que este hecho no es algo puntual o aislado. «Comisiones Obreras lleva mucho tiempo denunciando las políticas del Gobierno del Partido Popular que están derivando la oferta educativa al sector privado. Esta medida es otro paso en esta dirección».
También han hecho hincapié en que el curso pasado, este Gobierno sí se hizo “responsable” de la licitación de ciclos de grado medio, superior y básico de FP en centros concertados como el CPC de Santa Teresa (Calahorra), CPC Sagrado Corazón o el de la Compañía de Jesús. «Este verano asistimos al inicio del desmantelamiento de nuestra Universidad Pública, frente a la potenciación de la UNIR, un ente privado con ánimo de lucro».
CCOO ha continuado explicando que «al mismo tiempo que se ejecutan estas políticas privatizadoras, seguimos con la paralización en los dos Centros Públicos Integrados de FP, el de la Laboral y el de Calahorra, con la falta de inversión en aulas tecnológicas, con carencias en la actualización de aulas e instalaciones, ausencia de desdobles en las aulas-taller, incluso con fata de profesorado en especialidades como informática, mantenimiento de vehículos, servicios de restauración, entre otros. Especialmente lacerante es el hecho de que un grupo de poco más de cincuenta profesores de FP, en condiciones de igualdad de trabajo con otros compañeros, no perciban un complemento equiparador salarial».
Desde Comisiones Obreras han denunciado el «gravísimo daño» que supone para la formación profesional pública en La Rioja la no adhesión a estos fondos públicos, «mientras nuestro Gobierno apuesta hacia el sector privado de negocio. Comisiones Obreras es Formación Profesional y está siempre al lado de sus trabajadores y trabajadoras».
