El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este martes «la gestión errática» del alcalde, Conrado Escobar, que se traduce, entre otras cosas, en tener que aprobar en pleno facturas pendientes por «contrataciones irregulares».
Antoñanzas ha aludido así a que el equipo de Gobierno llevará al próximo pleno ordinario del Consistorio, el 10 de septiembre, la liquidación de varias facturas pendientes de pago por valor de 31.939 euros. “Este importe corresponde a seis contrataciones irregulares realizadas por diferentes áreas municipales en este último año fruto de la gestión errática del señor Escobar”, ha asegurado el edil.
El portavoz regionalista ha indicado que los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos tienen su origen en contrataciones verbales declaradas nulas relacionadas con la iniciativa ‘Un vino con Luis Zahera’ programada en diciembre del 2023 en el Centro de la Cultura del Rioja (2.662 euros); los servicios de iluminación y sonido del CCR para los días 8 y 9 de diciembre (2.165,90 euros); y el I Congreso de cocina inclusiva y III concurso nacional de cocina para personas invidentes o deficientes visuales (6.000 euros).
Igualmente se ha referido a que el pleno tendrá que aprobar el pago de las facturas de otros contratos nulos relativos a los actos del Día de la Infancia y de la Ciudad Educadora (10.589,65 euros) celebrado en noviembre de 2023 y a una cena de voluntarios (1.596,21 euros) organizada en diciembre de 2023.
El pleno también deberá autorizar la liquidación de 8.925,34 euros por los servicios de apoyo a la celebración del carnaval de este año que no se han podido abonar al no haber presupuesto suficiente porque la modificación del contrato no se tramitó a tiempo, ha explicado Antoñanzas.
Presupuesto mal dimensionado
Asimismo, el edil riojanista se ha referido a la tramitación en el pleno de dos modificaciones presupuestarias para suplementar crédito en partidas para las que no disponen de liquidez suficiente por importe de 33.000 y 142.851 euros.
“Ante un presupuesto mal dimensionado hace falta volver a inyectar dinero para pagar las facturas de gasto corriente”, ha lamentado Antoñanzas, para quien «esto supone un mal inicio de curso político para el equipo de Gobierno, que licita y contrata sin las garantías que marca la legislación de libre concurrencia y transparencia».
