La organización agraria ARAG-ASAJA considera que los datos que la Consejería de Agricultura ha facilitado este martes respecto al cálculo de los costes de producción medios de la campaña 2023 de la uva tinta y blanca evidencian la “situación complicada y ya insostenible” por la que atraviesan los viticultores de la DOCa Rioja.
El secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, asegura que “los datos reflejan que gran parte de las operaciones que se llevaron a cabo en 2023 de venta de uva fueron por debajo de los costes de producción. Estamos hablando que para la uva tinta ha habido un incremento medio de un 15 por ciento de los costes de producción por lo que, el año pasado, un viticultor perdió entre 8 y 10 céntimos por kilo uva. Esto es un claro y manifiesto incumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria”.
Fonseca ha destacado que los datos que maneja la Consejería son estudios estadísticos, “por lo que hay muchos viticultores que vendieron sus uvas con pérdidas mayores que las reflejadas en el estudio presentado durante esta jornada”.
“Las administraciones competentes deben ponerse manos a la obra y velar por el cumplimiento de la ley y que estos casos que se dieron el año pasado se detecten y se persigan con el objetivo de poner fin a estas ilegalidades”, ha afirmado.
Para ARAG-ASAJA esta situación no viene sino a confirmar la necesidad de las ayudas públicas destinadas a los viticultores, que son el eslabón más débil de la cadena. “Pero esta no es la solución, la solución debe venir porque los viticultores reciban precios de rentabilidad por sus cosechas que garanticen la viabilidad de sus explotaciones y el futuro de Rioja”, ha afirmado el secretario general.
Una postura que también ha manifestado UAGR-COAG. La organización viene denunciando en las últimas cuatro campañas que los viticultores riojanos están cobrando por debajo de los costes de producción, algo claramente ilegal como marca la Ley de la Cadena Alimentaria, y según ha denunciado ante la AICA la organización. “La situación empeoró en el último año, ya que al aumento del coste de la mano de obra y otros pagos que hicieron los viticultores se le sumó la reducción de rendimientos aprobada por el Consejo Regulador. Unos ajustes que siguen haciendo este año (con un rendimiento aprobado un 10 por ciento inferior a los 6.500 kilos por hectárea que marca el Pliego de Condiciones de la DOC Rioja), mientras las bodegas tan solo reducirán un 1 por ciento la transformación uva a vino”, inciden.
Por este motivo, la UAGR apela al sector bodeguero a que “por fin pague las uvas de esta campaña como se merecen, claramente por encima de los costes de producción, ya que los viticultores han llegado a un límite que complica mucho su supervivencia económica”. De igual forma, la organización exige a la Consejería de Agricultura que “tenga mano dura en las inspecciones que están realizando, sancionando a las bodegas que incumplen tan flagrante y reiteradamente la legislación en vigor”, así como que estos estudios de costes se presenten a principios de año y no cuando la vendimia está a las puertas, “cuando no es posible una negociación justa entre viticultores y bodegas”.