La Rioja es la segunda comunidad autónoma que menos fondos europeos ha ejecutado, sólo por delante de Cataluña. Según las fichas territoriales publicadas por el Gobierno de España que ha recogido El País, la región habría empleado sólo el 38,6 por ciento de lo adjudicado frente al 55 por ciento de tasa media en el resto del país.
Por este motivo, el Gobierno de La Rioja aprobó en marzo la creación de cinco grupos de trabajo interdisciplinares dentro de la Administración autonómica, integrados por 29 funcionarios, para acelerar su ejecución. La intención sería movilizar unos 130 millones de euros y desplegar todas las convocatorias antes de que finalice 2026, límite temporal fijado por la Comisión Europea.
Hasta el pasado 29 de febrero, La Rioja sólo ha adjudicado 42 de los 100 millones recibidos (328 asignados) para iniciativas de carácter autonómico (no se tienen en cuenta las que dependen de entidades locales).
Entre los principales proyectos aprobados, quince planes de sostenibilidad turística (48,1 millones), la variante ferroviaria de Rincón de Soto (45 millones de euros), la modernización de regadíos del Río Najerilla (37,2 millones) y el Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua (20,8 millones).
El Gobierno regional también aprobó un artículo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que incluyó la tramitación de urgencia de los procedimientos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación.
Así, se declaró la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario de los procedimientos administrativos, que impliquen la ejecución de gastos con cargo a los fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio.
A su vez, la función interventora otorgará prioridad a estos expedientes respecto de cualquier otro, debiendo pronunciarse el órgano de control en el plazo máximo de cinco días.
El Ejecutivo central ha discrepado del planteamiento realizado por la Comunidad de La Rioja porque entiende, entre otras cuestiones, que la regulación autonómica podría entenderse incompatible con las directivas europeas en materia de contratación y con la legislación básica estatal de contratación, ha detallado Domínguez.
En las primeras conversaciones o contactos, la Comunidad ha defendido que el artículo es plenamente constitucional y, además, ha propuesto como solución la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de una instrucción que aclare la necesidad de justificar, cuando proceda, la urgencia en cada procedimiento de contratación financiado con el PRTR.
Por ello, ambas administraciones han consensuado iniciar negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo en un plazo de nueve meses que evite la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado, así como designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral la solución que proceda.
