El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, comparecerá el próximo lunes en el Parlamento regional, a petición propia, para tratar el proyecto de la línea eléctrica Tauste-Júndiz, a su paso por esta comunidad, que entiende que es “una cuestión de importancia trascendental” para esta región.
La fecha y hora (09:00 horas) se ha fijado este viernes en la Mesa y Junta de Portavoces, tras la solicitud de comparecencia registrada ayer, jueves, por el presidente del Gobierno, quien planteó la petición con carácter de urgencia.
El presidente de La Rioja considera que se trata de un asunto de interés regional, dadas las múltiples afecciones que este proyecto, tal y como está concebido, representa para La Rioja, desde el punto de vista paisajístico, patrimonial, agrícola y social, según el Gobierno riojano.
El pasado 30 de enero, el Gobierno regional interpuso un recurso de alzada contra la resolución de 18 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas.
En ella, se otorga a Energía Inagotable de Providentia, SL autorización administrativa previa para el parque eólico Providentia, de 28 megavatios (MW) de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos (entre las que se incluye la línea de alta tensión Tauste-Júndiz), publicada el 5 de enero de 2024 en el Boletín oficial del Estado.
El Ejecutivo regional recurrió por la vía administrativa contra esa resolución e instó a la Secretaría de Estado de Energía a que no conceda autorización administrativa ni a la declaración de utilidad pública al parque eólico Providentia, así como a que declare nula la resolución de 18 de diciembre de 2023.
A su vez, el Gobierno de La Rioja solicita la nulidad para otros proyectos que, habiendo recibido también autorización previa, requieren evacuar a través de líneas que atraviesan territorio riojano (Parques eólicos Promitor, Recarano, Othar, Priamo, Robigus, Quirite y Prietas; y los parques fotovoltaicos Tara y Umiko).
En el recurso presentado, sobre el que aún no ha habido pronunciamiento por parte de la Secretaria de Estado, el Ejecutivo autonómico solicitaba la nulidad y suspensión del acto administrativo y la adopción de medidas cautelares necesarias.
El objetivo es asegurar la protección del interés público de los riojanos, que ven peligrar su territorio a costa de invadir su entorno sin que operen las más mínimas garantías procedimentales y de seguridad jurídica que constitucionalmente deben amparar al conjunto de los españoles de acuerdo a los artículos 1,24, 53 y 103 de la Constitución Española, según el Ejecutivo.
