El Gobierno de La Rioja ha encargado una auditoría externa sobre el cumplimiento normativo en la operación de compra de cinco millones de mascarillas, por algo más de tres millones de euros, en el inicio de la pandemia, a una empresa de Arnedo.
El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha informado este martes de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, entre los que está el realizar esta auditoría, a propuesta del Servicio Riojano de Salud.
Ha explicado que el actual Ejecutivo ha tenido conocimiento de esta operación y considera que es susceptible de haberse hecho con “malas prácticas” e “indicios de irregularidad”, en la operación realizada por el anterior Gobierno regional, lo que quieren determinar con esta auditoría.
Inicialmente, ha explicado, no han encontrado irregularidades económicas en el contrato, pero creen que “es de suyo” que si se comprueba que existieron esas malas prácticas administrativas de las que tienen indicios eso también tuviera consecuencias económicas.
Tras los análisis internos realizados, el Ejecutivo regional ha constatado que la aceptación del material, valorado en 3.080.000 euros, no siguió los cauces habituales, puesto que fue recepcionado por personal de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) y no por el del SERIS. Parte de estas mascarillas, además, nunca llegaron a ser empleadas una vez contrastado que no eran adecuadas para el uso sanitario, y permanecen guardadas en un almacén de la Comunidad Autónoma en Arrúbal.
Dentro del proceso de exploración y control de la Administración autonómica que lleva meses ejecutando el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán, y en el marco de las investigaciones abiertas en diferentes comunidades autónomas sobre los contratos de adquisición de material protector durante la pandemia de la COVID, el Gobierno de La Rioja ha examinado la adquisición por el procedimiento de urgencia de 5,5 millones de mascarillas para el SERIS en 2020.
De este análisis, el Ejecutivo regional deduce que concurrieron actuaciones que merecen ser investigadas de una forma más exhaustiva y profunda, entre ellas, que la recepción del material no la hizo desde el primer momento el SERIS, como es preceptivo, sino responsables de la Fundación Riojana para la Innovación.
Por ello, y a propuesta de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno ha decidido encargar una auditoría de cumplimiento normativo externa para conocer todos los detalles de la operación y, de esta forma, poder informar y rendir cuentas en el Parlamento de La Rioja con la máxima transparencia, consciente de que este es un asunto de gran interés público. En este sentido, cabe recordar que la comisión de investigación abierta en la Cámara sobre este tema decayó con la conclusión de la pasada legislatura.
“Bulos injustificados”
El PSOE de La Rioja ha acusado al Gobierno regional de “lanzar bulos injustificados” con los que “arrastra a empresas riojanas” y de “tratar de sembrar dudas donde no hay absolutamente nada”.
El PSOE ha hecho estas manifestaciones después de que el Ejecutivo regional haya anunciado que va a encargar una auditoría externa sobre el proceso de compra de 5,5 millones de mascarillas en el inicio de la pandemia a una empresa riojana por más de 3 millones de euros.
“El Gobierno de La Rioja continúa con su estrategia de destruir absolutamente todo y en su afán revanchista se lleva por delante a las empresas riojanas”, considera el PSOE, que reprocha “el evidente coste económico que conlleva” la auditoría “para intentar sembrar dudas donde no hay absolutamente nada”.
Inciden en que se trata de “una actitud irresponsable” en la que “se arrojan sospechas sobre el trabajo realizado por funcionarios a la hora de conseguir y gestionar la llegada de mascarillas en los momentos más críticos de la pandemia”.
También, el Ejecutivo de Capellán están poniendo el foco de la duda en el tejido empresarial riojano y sus trabajadores, que fueron capaces de adaptar sus procesos e instalaciones para elaborar material sanitario en el momento más delicado del COVID, cuando el mercado estaba colapsado por la demanda y la escasez, afirma el PSOE.
Los socialistas recalcan que “el PP no ayudó absolutamente en nada durante la pandemia” y “se dedicó a lanzar falsedades e incluso llegó a denunciar ante la Fiscalía de La Rioja la situación en los centros sociosanitarios de la comunidad” en un proceso que fue archivado.
“El anuncio de acudir ahora a una auditoría representa un burdo intento de desviar la atención sobre los sobresueldos que ha cobrado el que fuera hasta hace unos días gerente del SERIS”, afirma el PSOE, en alusión a Jesús Álvarez que, según los socialistas, ha percibido una media de casi 6.000 euros más al mes, sin que pudiera hacerlo por la normativa vigente, según ellos.
