La nueva secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), María José Miranda, ha apostado este viernes por “modernizar la justicia y acercarla al pueblo”, para que se preste un mejor servicio público al ciudadano.
Miranda ha prometido su cargo al presidente del TSJR, Javier Marca, en un acto al que han asistido los presidentes del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, y el Parlamento riojano, Marta Fernández, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, entre otras autoridades.
Esta letrada de la administración de justicia sustituye a Luis Fernando Santos del Valle, a quien Marca ha agradecido su “magnífico trabajo y plena dedicación” en el cargo de secretario durante más de 11 años.
En su intervención, Miranda ha recordado que, tras trabajar en Figueras (Girona) y Villalba (Madrid) se trasladó a Logroño, donde ha transcurrido la mayor parte de su carrera profesional, en el juzgado mixto, en el de lo mercantil, en el servicio de comunicaciones y embargos y en los últimos 5 años y medio en la Audiencia Provincial.
“Creo firmemente la justicia. La justicia es un poder del Estado que garantiza la democracia y los derechos de los ciudadanos y, como servicio público, contribuye al proyecto de este país”, ha subrayado.
También ha defendido el trabajo que desarrollan los secretarios de la administración de justicia, ya que tienen un “papel fundamental” dentro de los juzgados.
El gran reto de la modernización
Ha abogado por incorporar a su trabajo “el gran reto de la modernización de la justicia”, por lo que ha asegurado que afronta esta nueva etapa “con compromiso, ilusión y fuerte sentido de servicio público”.
Además, se ha ofrecido para que los ciudadanos tengan “respuestas a sus problemas y que todo funcione para resolver las cuestiones planteen”.
Ha aludido a los cambios que se avecina tras retomarse el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que pretende la sustitución de los juzgados actuales en favor de los tribunales de instancia, pasando de una estructura unipersonal de los juzgados a otro de organización colegiada.
Además, ha citado la implantación definitiva de la oficina judicial y el establecimiento de las oficinas de justicia en las localidades, por lo que programa de eficiencia organizativa requiere una gestión del cambio, ha apuntado.
Por su parte, Marca ha constado que “es un hecho la transformación digital de la justicia”, ya que se ha generalizado el uso de los medios electrónicos para relacionarse con la administración de justicia, pero los únicos que no tienen esa obligación son los ciudadanos.
“Debemos mostrar la opción de hacerlo a través de las sedes judiciales electrónicas, donde pueden acceder a consultar sus procedimientos e interactuar a través de la carpeta ciudadana con el certificado electrónico o con una clave personal que es muy fácil de obtener”, ha agregado.
Por último, ha reivindicado el acceso a la justicia como principio del estado de derecho, que es un principio fundamental que presupone garantizar a todas las personas las mismas condiciones de igualdad en su interacción con la administración de justicia.
