El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la Ley de la Cadena Alimentaria “funciona” pero ha admitido la necesidad de “fortalecer su aplicación” a través de “un mayor esfuerzo en las inspecciones”.
Tras presidir la reunión ordinaria del pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, en la que están representados todos sus integrantes, el ministro cree que esta normativa, cuya última modificación entró en vigor en diciembre de 2021, “ha logrado subir los precios en origen al productor”, según han asegurado fuentes del ministerio en un comunicado.
Para Planas, los datos económicos muestran, en líneas generales, que desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023 los precios en origen han subido de “forma muy significativa”, incluso si se descuenta la inflación derivada del incremento de costes, que tuvo su momento más álgido en octubre de 2022, a los seis meses del inicio de la guerra en Ucrania.
A pesar de ello, la lectura “microeconómica” “evidencia” que hay situaciones comerciales “muy diversas” en las que, “de forma puntual, sí ha habido mayores dificultades” en la aplicación de la ley.
El ministro ha recordado que su Departamento ya trabaja para aumentar las inspecciones relativas a su cumplimiento, con más análisis de las relaciones comerciales de las empresas con sus proveedores.
Pide formalizar más denuncias
Planas ha invitado a que los representantes del eslabón “más débil” de la cadena, las organizaciones agrarias, formalicen denuncias de sus asociados ante las autoridades, a la vez que ha solicitado a los responsables autonómicos que profundicen en su labor de control y tramitación de denuncias, “que siempre garantizan la confidencialidad para no perjudicar al que la ha presentado”.
A estos últimos también les ha instado a que envíen los estudios de costes que consideren que puedan ser de interés y que quieran compartir para que puedan ser publicados en un apartado que se creará en la web del Ministerio.
El Observatorio ha reunido este miércoles a los representantes de los diferentes eslabones involucrados en la cadena alimentaria, del Gobierno, las comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra), las centrales sindicales y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Estudios sobre precios
En esta sesión ordinaria, la primera que se celebra en 2024, se han presentado dos estudios que analizan la evolución de los precios y el consumo de alimentos y bebidas.
Uno de los informes de la evolución de precios, realizado por el INE, pone de relieve que la alimentación fue el grupo del Índice de Precios al Consumo (IPC) que más creció de media durante 2023, con una tasa del 11,7 por ciento. Ese porcentaje fue más alto para los alimentos elaborados (13,3 %) y menor para los frescos (9,3 por ciento).
La fotografía a final del año arroja una subida interanual del IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas del 7,3 %, muy alejada del 15,4 por ciento de enero de 2023.
El informe de la consultora Kantar sobre consumo alimentario en 2023 recoge que, en líneas generales, el volumen comprado por los hogares se ha estabilizado; en las últimas semanas de diciembre el incremento de precios se ralentizó y los hogares apuestan cada vez más por la opción de la marca de distribuidor (su cuota de mercado se eleva del 41,5 por ciento en 2022 al 43,4 por ciento en 2023).
Una nueva herramienta (Ecrea 2.0)
Por otra parte, el encuentro ha servido para dar a conocer la nueva versión de la herramienta de estudios de costes y rentas de las explotaciones agrarias (Ecrea 2.0), diseñada por la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que está disponible en la página web del Ministerio.
Permite consultar datos de superficie, producción, ingresos, costes y resultados técnicos y económicos de las explotaciones que componen la muestra, por cultivos o actividades ganaderas; así como acceder a la evolución de los costes y de los resultados económicos, y el análisis territorial de las producciones.
Durante el pleno se ha informado además de que el ministerio publicó en plazo el informe con los elementos que intervienen en la distribución de los costes de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios, que han sido objeto de análisis en los estudios de la cadena de valor realizados por el Observatorio.
Por su parte, las organizaciones profesionales agrarias que han acudido a la cita (Asaja, COAG y UPA) han coincidido en la necesidad de reforzar el cumplimiento de la Ley y dar, por ejemplo, más protagonismo a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
El encuentro se ha celebrado un día antes de que estas tres organizaciones se reúnan de nuevo con el ministro en el contexto de las protestas de los agricultores por todo el país para pedir una política “verde” comunitaria más flexible, acuerdos comerciales más justos y más ayudas para afrontar contratiempos como la sequía.
