Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) la resolución del Gobierno regional que exime de penalizaciones a las empresas adjudicatarias de los centros residenciales y de día por incumplimientos con las condiciones laborales del personal y la calidad asistencial.
Así lo ha anunciado CCOO, en una rueda informativa, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Carmen Martínez Román, junto a la responsable de Igualdad de esta Federación, Esperanza Aritio.
La citada resolución 1/2024, de 24 de enero, de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha detallado, especifica que se exime de la imposición de penalidades a las empresas adjudicatarias en los centros residenciales ante posibles incumplimientos de las ratios de personal en estos centros.
Según CCOO, esta resolución incumple la legislación vigente en cuanto a los pliegos de contratación, ha detallado Martínez Román, quien ha reprobado esta decisión del Gobierno, ya que, además, “hay tres sentencias del TSJR que contradicen la medida adoptada”.
Ante la ausencia de penalizaciones por incumplimientos de las ratios de personal, ha añadido, las empresas no se verán obligadas a cubrir esta falta de personal y se limitarán a abonar los salarios sin los costes de Seguridad Social correspondientes a esa carencia de mano de obra, por lo que “les sale más barato que tener al personal contratado”.
CCOO entiende también que las empresas no van a contratar personal y se agravarán las dificultades para contratar a personal, que atienda a los residentes y usuarios de los centros residenciales, ha precisado. De forma paulatina, según CCOO, habrá menos profesionales que quieran trabajar en este sector, debido a su precariedad laboral y a la “falta de interés de las empresas” por mejorar la calidad del servicio, ha indicado.
Desde el punto de vista de este sindicato, con esta resolución se crea un clima de impunidad del empresariado que incumpla la normativa de ratios y se promueve que sean los únicos beneficiarios a costa de perjudicar la calidad asistencial de los residentes.
La solución
Para CCOO, este problema se soluciona con un convenio entre la Administración regional, la patronal y los sindicatos, ha recalcado Martínez Román. Ha recordado que el pasado mes de diciembre hubo una reunión entre estas tres partes, en la que las organizaciones sindicales pidieron un incremento de los salarios, pero, según ha dicho, parece que la Administración “solo atendió la petición de los empresarios” de estos centros que plantearon la exención de penalidades por posibles incumplimientos de las ratios.
El convenio colectivo del personal laboral de estos centros data de 2020 y es preciso, ha dicho, un nuevo acuerdo a este respecto, ya que comunidades vecinas, como País Vasco y Navarra ofrecen mejores condiciones laborales al personal de estos centros sociosanitarios que en La Rioja. Por lo tanto, “pedimos a la Consejería de Políticas Sociales que se implique también en el cuidado de los mayores”, ha afirmado.
Por su parte, la responsable de Igualdad ha subrayado que lleva 19 años trabajando en una residencia de ancianos como gericultora y conoce, de cerca, la realidad de estos centros.
Ha informado, entre otros aspectos, de que en 2020 el salario base del puesto de gericultor estaba en 1.007 euros mensuales, que se han incrementado a los 1.1134 actuales y, debido a la precariedad laboral, se “está realizando una mala calidad en el servicio”.
Aritio ha apelado a la necesidad de dignificar el trabajo de las gericultoras de estos centros y se “deje de hacer negocio” con las residencias de mayores, ya que, ha incidido, la falta de personal repercute negativamente en la calidad de los usuarios de estos centros.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía a unirse a la concentración convocada el próximo día 6 frente a la Dirección General de Servicios Sociales para paralizar esta resolución de la Consejería, ya que, como han incidido sus representantes en esta rueda informativa, con ella con se garantiza que se cumpla con la ratido exigida para prestar “unos cuidados dignos”.
Con motivo de la comparecencia de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, este viernes, en el Parlamento regional, para informar de la situación de estos centros a este respecto, esta Federación también ha convocado una concentración previa a las puertas de la Cámara legislativa.
“Una de las medidas más vergonzosas de los últimos años”
Por su parte, UGT Servicios Públicos La Rioja ha indicado que la resolución del Gobierno es una amnistía a las empresas de residencias de personas mayores que no cumplan con unas ratios de personal, que datan de 1998 y que están obsoletas.
Para el sindicato, esta es “una de las medidas más vergonzosas” que se han adoptado en los últimos años y, desde el sector sociosanitario, se ha trabajado desde el primer momento en judicializar una resolución de la Consejería “intolerable”, tanto para los usuarios de los centros residenciales como para los trabajadores.
UGT Servicios Públicos ha añadido que mantiene su compromiso con los trabajadores de las residencias y centros de día de continuar con las movilizaciones hasta que el Gobierno de La Rioja eche marcha atrás una medida que les perjudica directamente.
Ha avanzado que se concentrará el próximo lunes, 5 de febrero, ante el Parlamento de La Rioja, donde se celebrará un pleno, con el fin de exigir al Gobierno regional que retire esta resolución.
