La Rioja es la tercera comunidad autónoma con mayor desarrollo de su sistema de servicios sociales, según refleja el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2022 (Índice DEC), una evaluación que realiza cada año la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre el sistema público de protección social que se ha presentado este viernes en Madrid.
La comunidad riojana, a la que solo superan Navarra y Castilla y León, ha mejorado su índice al pasar de 5,79 en 2021 a 6,38 el año pasado. A pesar de este incremento, por segundo año consecutivo, y de la posición tan destacada entre las comunidades, los servicios sociales de La Rioja aún no alcanzan la calificación y las puntuaciones que alcanzaban en 2012 y 2013, debido especialmente a la pérdida de relevancia económica del Sistema.
La Rioja tiene una Ley que garantiza derechos ciudadanos y un catálogo que los desarrolla y concreta y, además, tiene integrada la Atención a la dependencia en su Sistema de servicios sociales, con la implicación de las entidades locales. También registró en 2021 el mayor porcentaje en perceptores de la Renta Mínima de Inserción, con el 56 por ciento, a pesar de que esta cifra se redujo en 13 comunidades.
En el conjunto nacional, los servicios sociales mejoraron en 2022 en doce autonomías, aunque las administraciones han ralentizado el gasto que dedican a estas prestaciones y siete comunidades lo hacen de manera “débil” o incluso “irrelevante”. El análisis muestra que las autonomías que empeoraron sus servicios sociales en 2022 fueron Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña, pero que, a nivel estatal, se produjo una mejora en los servicios sociales, sobre todo gracias a los avances en la legislación.
Sin embargo, aunque las comunidades registraron la nota media más alta (5,35) desde que se elabora el estudio (2012), el análisis muestra que el “escaso incremento” presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones a la ciudadanía.
“Mejora la normativa, pero los derechos se quedan en el papel”
El “escaso desarrollo” de los servicios sociales para personas mayores y el “desmantelamiento” de los recursos destinados a la inserción social muestran lo que el coordinador del estudio, Gustavo García, ha tildado de “derechos de papel”.
“A nivel nacional hablamos de derechos de papel. La normativa está muy bien pero la práctica no va acompasada. Es decir, los ciudadanos pueden pensar que serán atendidos ante una situación de dependencia, pero en muchos casos no es así. Miles de personas fallecen sin ver ese derecho reconocido porque pasan meses y a veces años hasta que lo reciben, lo cual es inhumano. Hay que reducir la retórica y aumentar la práctica”, ha subrayado García.
Según este informe, Andalucía, Cantabria y Murcia disponen de unas prestaciones “irrelevantes” en esta materia; en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son “débiles”; en Baleares, Aragón, Galicia y Canarias son “medio bajas” y en Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias, País Vasco y Extremadura, son “medias”.
Deterioro de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores
Además, los servicios sociales dirigidos a las personas mayores registraron un estancamiento o incluso un retroceso tras la pandemia. Así, el análisis refleja que las plazas residenciales públicas apenas han aumentado desde 2019 -seis centésimas- y que es en los servicios domiciliarios, en la ayuda a domicilio, en teleasistencia y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado.
“Esto hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las administraciones públicas”, subraya el informe, que destaca también que desde 2014 los centros de día reducen poco a poco su “escasa cobertura”, ya que han pasado del 1,10 % en 2014 al 1,05 % en 2021.
