Los Colegios de la Abogacía y Procuradores de La Rioja han expresado este jueves su “absoluto rechazo” a determinadas formas de ejercer el derecho a la huelga en la Administración de Justicia, que entienden que “debe ser compatible con otros derechos esenciales en juego”.
Así lo han indicado sus respectivos decanos en un comunicado conjunto en el que han expresado su respeto de derecho a la huelga en la Administración de Justicia por parte de jueces y funcionarios públicos, pero han reprobado actuaciones “injustificadas e inaceptables en un correcto ejercicio del derecho de huelga”.
“No se justifica que el derecho de huelga afecte de forma radical, hasta el punto de anular otros derechos esenciales de otros ciudadanos, como la tutela judicial efectiva”, han asegurado Federico Bravo, decano del Colegio de la Abogacía; y Teresa Zuazo, del de Procuradores.
Esta es “la principal preocupación de la Procura y la Abogacía, puesto que somos el primer eslabón, el más cercano al ciudadano en su contacto con la Administración de Justicia”, han precisado.
“Es indigno -han proseguido- que los profesionales de la Procura y de la Abogacía tengan que peregrinar cada mañana por los edificios de los juzgados sin tener un conocimiento cierto y previo de si la actuación judicial señalada se va a celebrar o no”.
A este respecto, han subrayado que “no es de recibo en el siglo XXI que no se pueda instrumentar un mecanismo de conocimiento previo de qué actuaciones judiciales se van a ver afectadas por el legítimo ejercicio del derecho de huelga”. Ello evitaría, han dicho, “perjuicios absolutamente innecesarios y gratuitos, pero gravísimos, para los ciudadanos y para los profesionales de la Procura y de la Abogacía”.
La dignidad es “un valor que justifica una acción reivindicativa como una huelga, pero una mínima coherencia exige que el ejercicio de huelga reclamando dignidad no pueda acabar afectando a la dignidad de otros”.
Para estos profesionales, “más desolador aún es el panorama al que cada día se enfrentan los pequeños despachos de procuradores y abogados, que son la mayoría, y a los que esta situación ha llevado a un punto de colapso que les aboca a tener que replantearse su propio ejercicio profesional y a ver en el horizonte como la salida más cierta el cierre de sus despachos”.
“No nos resignamos a aceptar esta situación, pero exigimos un trato digno también para nosotros como profesionales esenciales en la administración de Justicia”, ha recalcado.
También han indicado que “seguimos trabajando desde la altavoz de la Abogacía y la Procura institucional para conseguir este reto, y hoy más que nunca nos sentimos respaldados por todos los profesionales que integran nuestros colectivos”.
“Esperemos que de una vez por todas se nos escuche y realmente se acometan las reformas tantas veces prometidas y otras tantas veces olvidadas”, ya que “un Estado Social y Democrático de Derecho “no se puede permitir esta Administración de Justicia”.
