La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno (IU), ha advertido este viernes sobre la posibilidad de que el proyecto Voces de la Lengua acabe en otros territorios, “como Salamanca”, ya que “no está vinculado a esta comunidad autónoma, sino a la persona que lo dirige”.
“¿Qué ocurriría si no se le dotase económicamente desde el Gobierno de La Rioja?, pues que el director de Voces de la Lengua se lo llevaría a otra región”, ha aseverado, preguntando al consejero de Educación, Pedro Uruñuela “¿qué empresa ha hecho el plan estratégico? Dígame de dónde es esa empresa y en base a qué lo ha hecho”.
A este respecto, Uruñuela ha especificado que Voces de la Lengua no es un proyecto vinculado a su director, Ignacio García, sino que “es un programa propio que tiene financiación del Ejecutivo riojano”. El consejero ha defendido que Voces de la Lengua no es una iniciativa “personal” y que las actividades que engloba tienen “muy buena aceptación, y en todas las obras que se hacen está todo vendido”.
“Voces de la Lengua no se puede ir a Salamanca porque no está vinculada al director. Es un programa propio financiado por el Gobierno de La Rioja”, ha reiterado Uruñuela, advirtiendo de que “si se fuera, probablemente se le denunciaría porque no se lo puede llevar; eso no va a suceder”.
Interinos
Durante la última sesión de la legislatura, el consejero ha destacado que “ha pasado la etapa en la que la interinidad en la educación era la norma y lo que había que hacer”, ya que quiere gestionar para que “la mayoría del profesorado tenga estabilidad”.
Uruñuela ha indicado como objetivo “llegar al 9 por ciento de interinidad en La Rioja”, para lo que hay dos grandes líneas, por un lado, el planteamiento de la estabilización de interinos recogiendo instrucciones de Europa y concretándolas para su aplicación en esta comunidad autónoma”. Por otro lado, ha proseguido, está la línea de “la convocatoria de oposiciones, y, de hecho, el Gobierno riojano ha sacado una convocatoria importante para consolidar determinados puestos que no se estaban cubriendo”.
En su intervención, Moreno ha asegurado que “la gestión no ha sido nada adecuada en el proceso de estabilización de interinos, porque no han cumplido con la normativa europea en estabilización de trabajadores, que plantea que el fraude de ley es respecto a las personas, no respecto a las plazas”.
Ha asegurado que, como consecuencia, “cientos de docentes interinos contratados en fraude de ley no van a ver estabilizados sus puestos de trabajo tras 10 o 20 años de servicios público, y su plaza será ocupada por otras personas que han trabajado en otras regiones”.
Esta situación, ha continuado, generará “un importante daño en las arcas públicas de esta comunidad, que tendrá que indemnizar con dinero público como consecuencia de la no estabilización y posterior despido, en lo que se superarán los 8 millones de euros”.
