El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, ha expresado su deseo de que la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia se resuelva “cuanto antes” con un acuerdo.
Marca, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, ha afirmado que no tiene noticias “de primera mano” sobre las negociaciones entre los letrados y el Ministerio de Justicia “porque no pertenezco a ninguno de ellos”.
“Mi deseo es que lleguen a un acuerdo cuanto antes, sea en unas cantidades u otras, de una forma u otra, y se empiece a aplicar este año o el próximo cuando tengamos capacidad presupuestaria”, ha incidido, en alusión a las demandas económicas de los letrados. Ha admitido que “han surgido dudas” de cómo podría afectar la huelga a las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo, por el papel que tienen estos letrados en las juntas electorales y porque esas funciones no están entre los servicios mínimos que se han determinado.
Sin embargo ha precisado que “la Junta Electoral Central ya ha recordado que formar parte de las mesas electorales es una obligación ciudadana y no deriva de ser letrado” con lo que “es una obligación para ellos” el cumplir el papel asignado en las elecciones.
Marca ha afirmado que no conoce los datos precisos de procedimientos que se han visto afectados por la huelga “porque hay muchos pendientes de incoación” aunque cuando acabe la huelga “creo que habrá que hacer igual que en la pandemia -con los asuntos que se acumularon en los juzgados- y establecer criterios de preferencia, además de contar con la buena voluntad de compañeros que quieran autoreforzarse o reforzar otros órganos, pero no podemos desdoblar a los jueces”.
Según los últimos datos aportados por los letrados de la administración de justicia, hasta el 15 de marzo pasado su huelga había provocado la suspensión de 1.056 juicios en La Rioja, desde el pasado 24 de enero.
En los juzgados riojanos se acumulan también 903 declaraciones y otros actos no celebrados y un total de 1.761 diligencias de notificación no practicadas (596 de ellas fuera sede judicial); además, según sus datos, hay 337 declaraciones en el Registro Civil sin celebrar, 27 desahucios paralizados y las cuentas de los juzgados acumulan ya 1,75 millones de euros consignados sin pagar.E
