Algunas personas que se contagiaron de coronavirus mantienen, años después, diferentes síntomas que les incapacitan para hacer una vida normal, lo que se denomina COVID persistente, aunque la administración, principalmente la laboral, no lo reconoce como una causa de incapacidad, ante los que los afectados se sienten solos.
Así lo han expresado varios de los representantes de los pacientes este martes en Logroño, en un acto convocado de forma simultánea en varias ciudades coincidiendo con el tercer aniversario de la declaración del estado de alarma.
Dado que no es una patología reconocida como tal no existe un registro oficial de quienes se encuentran en esta situación en La Rioja, aunque al menos medio centenar de personas forman parte de un grupo en el que ponen en común sus experiencias.
Muchas de ellas son coincidentes, han relatado, y comenzaron cuando se contagiaron de COVID. Tras superar la enfermedad vieron como algunas de sus consecuencias no remitían, en especial una gran cansancio que incluso les llega a impedir el caminar más de media hora al día. Por ello no pueden incorporarse a sus actividades profesionales, pero en la mayoría de los casos la Seguridad Social no reconoce su incapacidad.
Este es el relato de Tamara de la Horra, una enfermera madre de tres hijos que se contagió meses después de vacunarse con la pauta completa y después de pasar la enfermedad “no podía ni caminar y casi ni hablar, aunque todas las pruebas decían que yo estaba bien. Pasé la enfermedad otra vez y tras esa los brazos y las piernas no me respondían y apenas podía retener en la memoria las cosas”, ha detallado y ha recalcado que “aunque haya mejorado, mi situación no tiene nada que ver con la de antes”.
Ha incidido en que es consciente de que “hay que tener una actitud positiva” pero “también necesitamos una ayuda de la administración, que no solo nos digan que las pruebas dan bien” y “también necesitaríamos una unidad especializada en esta cuestión y a todo esto se une que la Seguridad Social es quien decide si te tienes que reincorporar a tu puesto de trabajo” y “eso supone que hay gente que lo pierde”.
Otra sanitaria que se encuentra en la misma situación es Noemí Pascual, que pasó el COVID tras contagiarse en su centro de trabajo en enero de 2021 “y desde entonces me quedé con taquicardia y disnea, y estuve un año en tratamiento hasta que el Instituto de la Seguridad Social me dio el alta y me mandó a trabajar. Duré seis días porque me volví a contagiar y fue peor”.
“Poco a poco he mejorado, pero tengo una fatiga muscular con la que no puedo hacer nada ni ir a ningún sitio y apenas puedo andar un cuarto de hora”, ha relatado y ha admitido que mentalmente “se pasa mal, hay días que te da por llorar, porque piensas que nadie te entiende, porque de aspecto estoy bien”.
Por ello cree que son “los grandes olvidados y por eso hace falta un equipo especializado que estudie nuestra situación y más sensibilidad de la Seguridad Social, que no nos manden a trabajar sin más”.
Esa es la principal demanda de Irene Escorza, una carnicera que lleva dos años en esta situación “y al año, incluso aunque es evidente que no puedo mover los brazos y las manos, me mandaron a trabajar, y aunque mi empresa se portó bien, tampoco podía hacer otra cosa que irme”.
“Han pasado dos años y solo pedimos tiempo, además de informes en los que nos digan lo que nos sucede realmente y aunque no sepan lo que nos ocurre sí que pueden ver nuestros síntomas”, ha recalcado Escorza, que ha subrayado que “el gran apoyo que encontramos es el de los médicos de atención primaria, pero no es suficiente”.
En este acto se ha leído un manifiesto en el que se eleva a unos dos millones de personas en España las que mantienen “una maraña de síntomas y enfermedades” y han pasado por “un viacrucis de visitas a médicos y un sin fin de pruebas diagnósticas”.
Han reclamado más esfuerzos en la investigación “y sobre todo, no se nos abandone a nuestra suerte” además de crear un registro nacional de pacientes con covid persistente; que se les considere pacientes vulnerables para tener acceso a los tratamientos antivirales en el caso de reinfecciones.
También piden una asistencia homogénea en toda España, la creación de centros y unidades multidisciplinares reales, la agrupación de las pruebas; y un mayor apoyo desde instancias administrativas, por la Seguridad Social y por las empresas.
