La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja ha hecho balance este martes de sus tres años de andadura en defensa de la educación de La Rioja, “restringida en sus derechos desde que la presidenta Concha Andreu llegara al poder en la comunidad autónoma mediante un pacto de gobernabilidad con Unidas-Podemos e Izquierda Unida”.
“Un ‘peaje’ que todos estamos pagando porque dicho acuerdo de gobernabilidad establecía la supresión de la subvención a los alumnos que cursaran Bachillerato en la red de centros concertados; la eliminación de unidades concertadas, que no llegó a realizarse porque fue paralizada por los tribunales; la retirada del concierto a los colegios que no cumplieran su ‘función social’ o que ‘segregaran’ al alumnado; o la modificación de una normativa sobre escolarización que con medidas sin consensuar como la zonificación de la ciudad de Logroño, el llamado ‘bombo único’ o la planificación han convertido un proceso de escolarización que siempre ha sido normal en nuestra comunidad autónoma en un proceso angustioso, generando problemas donde no los había”, ha explicado Carlos Torres, presidente de CONCAPA Rioja.
“Mañana se inicia un nuevo proceso de escolarización -ha continuado Torres-. Prometieron un proceso mucho más justo y transparente y anularon las comisiones de escolarización locales que funcionaban perfectamente con un inspector a la cabeza, por un invento llamado ‘oficina de escolarización permanente’ que cuando se reúne puede llegar a decidir en una tarde el destino de hasta 150 niños, sin datos objetivos encima de la mesa porque nadie dice en qué colegios hay plazas y en cuáles no. Como todo lo que sale de la consejería de Educación, se trata de un proceso cocinado de manera unilateral sin el respaldo de la comunidad educativa”.
Esta oficina de escolarización, “que supuestamente nacía bajo su mandato con el objetivo de garantizar un proceso transparente y que según el reglamento que ellos mismos se dieron iba a reunirse una vez a la semana, no se ha reunido ni una sola vez desde el pasado 5 de septiembre”, denuncia la plataforma, señalando que “durante este curso escolar se han tramitado 2.100 solicitudes y se ha asignado a 1.971 alumnos, de los cuales 1.400 son nuevos. ¿Quién y cómo se ha decidido sobre estas colocaciones?, ¿de verdad se trata de un modelo transparente?”.
“Con la llegada del nuevo Gobierno se vislumbraba el camino que íbamos a transitar estos años tanto docentes, como alumnos y familias de la red concertada -ha explicado María Jesús Sauca, miembro de la junta de Escuelas Católicas de La Rioja-. El reto más doloroso ha sido afrontar y superar la pandemia sin ningún apoyo por su parte. En este momento tampoco llegan las ayudas digitales, ni los profesores que se hagan cargo de la necesaria digitalización de los colegios”, apunta.
Desde la plataforma denuncian que “también nos han impuesto un decreto de convivencia que, lejos de aportar novedad y soluciones para los alumnos del siglo XXI, nos retrotrae a épocas pasadas y puso en pie de guerra a todo el profesorado de La Rioja porque su articulo 53 era un insulto claro a tantos profesionales que cada día trabajan por la educación de nuestros hijos. Por otro lado, han tardado más de seis meses en darnos horas para asignar al responsable de convivencia de los centros y lo han hecho una vez más unilateralmente, sin escuchar a los centros y sin pensar en sus necesidades porque han dado las mismas horas para centros de 360 niños que a centros de 1.200… deben ser los únicos que no saben que el número de conflictos de un centro es directamente proporcional al número de alumnos”.
Educación “de primera y de segunda”
“Nuestros profesores siguen a 25 horas de tiza, que suman a las horas de preparación de clases, de corrección, de formación… y en ningún caso se contempla una bajada de horas de tiza para que los profesores puedan trabajar junto a los alumnos en otros temas como la inclusión, la atención a la diversidad o la personalización, que en este momento están demandando los alumnos. El profesorado de la concertada trabaja más horas que el de la pública con retribuciones mucho menores. ¿Dónde está la igualdad que tanto proclama este Gobierno de la señora. Andreu?”, se pregunta.
La concertada critica que la presidenta del Gobierno “discrimina injustamente entre familias de primera y familias de segunda, entre docentes de primera y docentes de segunda, entre alumnos de primera y alumnos de segunda”, ha afirmado María Jesús Sauca.
A esto se suma “un nulo interés del Gobierno por dialogar, un diálogo que desde la Plataforma se ha intentado recuperar en multitud de ocasiones sin éxito, teniendo que acudir a los tribunales para que fueran estos quienes frenaran los ataques de un Gobierno que se sufraga con los impuestos de todos los riojanos”.
“La plataforma cuenta con sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sobre la Resolución de ratios y sobre el intento de eliminación de una unidad concertada en el colegio Salesianos Domingo Savio, que de no haberse impedido con las medidas cautelares, a la larga habría supuesto la eliminación del concierto en dicho colegio por ser un centro de una línea”, apunta, indicando que “es un sistema dual donde ambas redes deben coexistir en términos de igualdad, no siendo posible eliminar conciertos por la existencia de vacantes en colegios públicos ni pudiendo imponer cargas más gravosas a la enseñanza concertada que a la pública”, ha comentado Ramón Ruiz, de CECE La Rioja.
Nuevas medidas de presión
“A lo largo de estos tres años la educación concertada ha sufrido toda clase de malos tratos por parte del Gobierno de La Rioja, hasta el punto de escuchar de voz de la propia presidenta queesta plataforma había nacido para molestar. Hemos presenciado el cese de un consejero de Educación y estamos ante otro que sigue insistiendo en los mismos despropósitos”, ha continuado Alejandro Vesga, responsable de FEUSO Rioja.
La Plataforma ha anunciado que no va a cesar en su empeño para que se garanticen a las familias, al alumnado y a los docentes de la red concertada los derechos que les están arrebatando desde el Gobierno de La Rioja y que lanzará nuevas acciones de presión durante las próximas semanas.
