El pasado noviembre, el Gobierno de España iniciaba los trámites para lanzar una consulta pública y conocer los intereses de las empresas de transporte en autobús con el fin de estudiar una liberalización en el sector y la entrada de la competencia en algunas líneas nacionales de autobús.
Objeto de estudio son 77 líneas que actualmente son propiedad del Gobierno, tal y como adelanta ABC, y entre las que se encuentra la correspondiente al trayecto Madrid – Soria – Navarra – La Rioja, llevado por las empresas Alsa, PLM y Autobuses de Pamplona Madrid S. L.
Una opción, la de la liberalización, que ya recomendó el año pasado Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el transporte en autobús en España y que rebajaría considerablemente el precio de los viajes, aumentaría la conectividad y las frecuencias y mejoraría la calidad del servicio como ya está sucediendo en otros países de Europa.
El Ministerio de Transportes ha planteado a las empresas interesados cuáles deberían ser los requisitos mínimos a exigir para explotar una ruta. En concreto, ha consultado si se deberían requerir horarios, calendarios y tarifas máximas e incluso la necesidad de prestar tráficos por razones de servicio público.
Esta última es una de las grandes preocupaciones del Gobierno ante el temor a que muchas pequeñas poblaciones se vean desprovistas del autobús como opción de movilidad, la única alternativa de transporte en la mayoría de la España despoblada.
Uno de los postulantes más destacados es el gigante alemán del autobús de bajo coste, Flixbus, que ve un filón en España como nuevo mercado donde desplegar su flota. El año pasado transportó a un millón de pasajeros que tenían como salida o destino nuestro país.
