La cuenta atrás sigue adelante. Los cuarenta clubes siguen restando segundos al crono que apretó este pasado martes Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. 48 horas les dio el pasado martes para que decidan por la Opción A o la Opción B: o una tercera competición nacional sin control alguno pero tampoco subvenciones, o una competición plenamente controlada por el ente federativo que se encargaría de seguir repartiendo euros entre los participantes.
Es la segunda oportunidad que tienen los clubes para tomar esta decisión, toda vez que el plazo anterior se cerró en falso porque 18 de los 40 clubes, entre ellos de la SD Logroñés (mientras que la UD Logroñés y el Calahorra guardan silencio), se negaron a emitir un voto, exigiendo una fórmula intermedia en la que ni la independencia de los clubes para tomar ciertas decisiones ni las subvenciones estén en escenarios tan separados como los que ahora deben votar nuevamente. Opción A u Opción B. La Federación Española de Fútbol no parece dispuesta a establecer una Opción C, intermedia, con menos control sobre los ingresos globales pero repartiendo subvenciones entre los clubes, entre otras cuestiones.
La amenaza federativa sigue en firme y de haber nuevos actos de rebeldía se volverá al modelo anterior. O todos a una o ninguno y se regresará a una Segunda B de 80 o incluso 90 equipos repartidos en cuatro, cinco o hasta seis grupos, alejándose así de la posibilidad de una competición totalmente profesionalizada que permita que el salto a Segunda no sea tan largo, que era el objetivo con el que arrancó la Primera Federación. La competición acumula ya una deuda global de 44 millones de euros, en la que la gestión de los derechos televisivos ha generado problemas financieros en los clubes. Las cuentas no salen. La burbuja ha explotado porque el interés, al menos televisivo, de esta categoría parece menor del que habían previsto la Federación y los clubes.
La Opción B apuesta por establecer un control económico a todos los clubes, imitando modelos de éxito como el implantado en las grandes ligas del fútbol español. Tanto generas, tanto tienes, tanto puedes gastar. La duda es saber si un modelo de gestión tan profesional se puede trasladar a una tercera categoría que no es profesional (por eso la organiza la Federación Española de Fútbol) sin poner en riesgo la viabilidad de los clubes más modestos. Así es el modelo de control financiero que quiere poner en marcha la RFEF y la que los clubes deben o no aceptar en una cuenta atrás que toca a su fin y que podría provocar la vuelta a la vieja Segunda B.
Los clubes participantes en Primera Federación tendrán la obligación, si quieren participar, de presentar las cuentas auditadas de los dos ejercicios anteriores. Además, la intención es establecer los mecanismos necesarios para asegurar que se van a pagar los salarios de los futbolistas y de los entrenadores, así como de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. La Federación le ha trasladado a los equipos que se podrán establecer unos límites máximos de deuda en función de los ingresos corrientes de cada entidad deportiva.
En la documentación remitida a los equipos, el ente federativo advierte que en este modelo, de implantarse, si hay un déficit en los dos ejercicios anteriores no se podrá competir. Aunque se podrá presentar déficit siempre y cuando los inversores de cada club avalen estos números rojos. Si no cumplen estos requisitos no se podrá competir, remarca en la circular. Además, se revisará el régimen disciplinario para aplicarlo a los clubes que no respeten las obligaciones de la competición y, por último, se considera necesario establecer un convenio colectivo.
