El abogado de una de las dos jóvenes que fueron intercambiadas en el Hospital San Millán de Logroño cuando nacieron ha requerido este jueves al Gobierno de La Rioja que abone la indemnización de 850.000 euros que la administración regional ya reconoció como indemnización.
A principios del pasado mes de octubre, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo riojano acordó estimar en parte la reclamación de esta joven con una indemnización de 850.000 euros, ha recordado en un comunicado el abogado de esta joven, José Sáenz Morga. Ya entonces este letrado anunció un recurso administrativo para solicitar que esa cifra se elevara a los tres millones de euros, una cifra muy superior a la estimada por el Consejo Consultivo de La Rioja, que es la luego acordó el Gobierno riojano.
La joven a la que representa se crió con la que consideraba su abuela materna, ya que sus progenitores fueron declarados incapaces; mientras que la otra creció con la familia que consideró como propia.
En 2017, la abuela interpuso una demanda de manutención contra el que creía progenitor de la niña, quien rechazó el pago y una jueza ordenó una prueba de ADN, que confirmó que este hombre no era el padre biológico de la joven.
Entonces, la chica decidió someterse a otro análisis que determinó que tampoco era hija de quien consideraba su madre biológica, por lo que inició el proceso para conocer a sus verdaderos padres, se revisaron los nacimientos registrados en el antiguo Hospital San Millán el mismo día que el suyo y se descubrió el intercambio de las dos bebés.
En un primer momento, el Gobierno regional acordó una indemnización de 215.000 euros; luego una sentencia reconoció un mínimo de 430.000 euros y tras un informe del Consejo Consultivo el Gobierno riojano acordó esos 850.000 euros, aunque su abono correspondía a la compañía aseguradora del Ejecutivo riojano.
Sáez Morga explica en su comunicado que, por Ley, los actos de las administraciones públicas “serán inmediatamente ejecutivos, aunque se recurran y sin que las excepciones legales se den en el caso”.
“Han transcurrido casi cuatro meses desde la adopción y notificación de dicho acuerdo, sin que la administración ni la aseguradora hayan satisfecho importe alguno” detalla, y “a pesar de haberse recurrido, la indemnización acordada constituye un mínimo para la propia administración que no podrá reformarse a peor”, asegura el abogado.
Por ello ha requerido este mismo jueves a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, la ejecución del propio acto que aprobó su Consejo de Gobierno, concluye el comunicado.
