Las riojanas siguen sin poder interrumpir su embarazo de forma voluntaria en centros de la sanidad pública de la región. A pesar de que el compromiso del gobierno riojano era que en 2023 pudiesen hacerlo, la realidad, con el inicio del año, es que cualquier mujer tiene que seguir desplazándose a clínicas privadas de comunidades cercanas (170 kilómetros en un caso y 340 en el otro), aunque sea el gobierno regional quien se haga cargo de los gastos que ello supone (desplazamientos y dietas).
Es verdad que en los hospitales riojanos de la comunidad sí puede interrumpirse el embarazo cuando se justifican causas médicas, pero no si es la mujer la que quiere terminar con su embarazo tal y como permite la ley de plazos aprobada en 2010. Y es que estos segundos casos suponen casi el 91 por ciento de los totales de todo el país frente al 6 por ciento que lo hacen por riesgos de salud para la embarazada. El 3 por ciento restante lo hacen por riesgos de anomalías en el feto.
Así, es el gobierno de la comunidad el que da la posibilidad de derivar a las mujeres que lo deciden principalmente a dos clínicas privadas: la clínica Ansoáin en Pamplona y la clínica Actur en Zaragoza. Esto debería haber cambiado en 2023, según el compromiso tanto del gobierno como de Izquierda Unida en La Rioja, pero sigue a la espera de formalizarse.
Dentro del ‘Acuerdo para un Gobierno de Izquierdas y Progresista para La Rioja’, uno de los puntos sanitarios era el compromiso de que las riojanas pudiesen interrumpir de forma voluntaria su embarazo en los hospitales públicos riojanos. De momento, es una de las asignaturas pendientes del Servicio Riojano de Salud.
Pero es que, además, la ley de Salud Sexual y Reproductiva que está a expensas de ser ratificada por el Senado después de aprobarse en diciembre del pasado año en el Congreso obliga a que se estructuren estas intervenciones a través de la red sanitaria pública, para lo que las comunidades autónomas deben reorganizar sus recursos para que todas las mujeres puedan hacerlo en un centro público, al menos en las capitales de provincia.
El gobierno riojano insiste en que la voluntad es la de cumplir con lo que establece la Ley y garantizar que, a partir de 2023, las interrupciones voluntarias de embarazo se practiquen en la sanidad pública riojana. “Lo vamos a hacer porque este Gobierno, el de Concha Andreu, sí tiene voluntad de cumplir con la Ley y con el compromiso adquirido en este sentido con todas las riojanas”, reiteran desde la consejería de Salud. Pero el asunto no parece ser sencillo cuando no se ha implantado con el inicio de año y no se atreven a dar fechas más allá de un “estamos trabajando en ello”.
La objeción de conciencia, clave
El problema sustancial es que todos los ginecólogos que trabajan en los hospitales riojanos se han acogido a la objeción de conciencia, un derecho del que disponen. Actualmente no hay en España una regulación para esa objeción de conciencia en casos de interrupción voluntaria del embarazo y, en ocasiones, se da por sentado que el servicio que debería ofrecer un hospital público está ‘externalizado’ a centros convenidos.
Desde el Colegio de Médicos se ha explicado en otras ocasiones que en servicios pequeños y comunidades pequeñas casi todos los especialistas son objetores. El problema está en que si solo uno de ellos no lo fuera, todos los casos recaerían en esta persona. Y es que, cuando la mayoría de los profesionales de un hospital se declaran objetores de conciencia, es difícil que un profesional, cuando entra a este servicio, se desvincule de esa postura.
Así, el planteamiento para solucionar la situación en La Rioja sería contratar a personal específico para este tipo de intervenciones, pasando por la posibilidad de que sean profesionales que ya lo hagan en servicios de Salud de otras comunidades autónomas los que se desplacen a la comunidad para hacer este tipo de intervenciones.
Hasta noviembre de 2022 fueron un total de 196 las mujeres riojanas que tuvieron que ser derivadas a los centros navarros y aragoneses. Una cifra menor a la registrada en 2021 cuando un total de 278 mujeres pasaron por estos centros desde La Rioja. Estos datos sólo contemplan a las mujeres derivadas desde el SERIS, teniendo en cuenta que son algunas las que evitan pasar por el sistema riojano de salud para agilizar los procesos sabiendo que van a terminar haciéndolo en esos centros privados aunque tengan que correr con el gasto de su bolsillo.
“No valen excusas”
La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, es clara al respecto de esta situación. “No valen excusas. Los derechos de las mujeres hay que asegurarlos y no están por detrás del derecho a la objeción”, ha indicado a NueveCuatroUno. “Es obligación del Gobierno poner las condiciones para que se puedan ejecutar sus derechos en los centros públicos”.
“Está claro que la situación de las mujeres riojanas no es la misma que pueden tener las mujeres de Castilla y León, pero tienen que soportar esperas y que se aprueben sus autorizaciones en un momento muy complicado para ellas”, ha explicado. Por ello, asegura que hay que poner en marcha ya la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria en los hospitales riojanos. “Sabemos que es una intervención sencilla, pero en las clínicas privadas a las que les estamos derivando no existen las mismas condiciones si se complica la intervención que un hospital de la red pública”.
Moreno entiende que los ginecólogos lo que no quieren es hacer sólo intervenciones de interrupción del embarazo. “Una buena opción sería contratar a ginecólogos a tiempo parcial que vengan de otras comunidades cercanas”, ha insistido.
6,1 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años
Los datos riojanos están entre los más bajos del país. En 2021, último año contabilizado al completo, 6,1 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo. Tras Ceuta, Melilla y Galicia, es la comunidad con una tasa menor de interrupciones de España. Un dato inferior al registrado hace diez años cuando la tasa era del 8,2 por cada mil mujeres. El 72 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan antes de la octava semana de embarazo.
Aunque no existen datos regionales específicos, sí hay nacionales. La mayoría de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo tienen entre 20 y 29 años (46,6 por ciento). Las que lo hacen entre 30 y 39 años representan el 35,4 por ciento. Por debajo de los 20 años el porcentaje es del 11,7 por ciento mientras que por encima de los 40 años son un 6,2 por ciento de los casos.
