Los cuatro sindicatos que tienen la mayoría de la representación en la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, CCOO, FSES, STAR y UGT, que firmaron el acuerdo que dio lugar al anteproyecto de Ley de Función Pública en La Rioja han exigido a los grupos parlamentarios responsabilidad y celeridad en su tramitación.
En un comunicado, estos sindicados han pedido a todos los grupos con representación en el Parlamento de La Rioja, que actúen con responsabilidad y agilidad para que el anteproyecto de Ley de Función Pública, negociado, acordado y consensuado entre los representantes de la Administración y más del 70 por ciento de la representación de los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública riojana, se tramite sin demoras y pueda hacerse realidad antes de que termine la legislatura.
En este sentido, las cuatro organizaciones sindicales manifiestan que el documento que se encuentra en el Parlamento de La Rioja es fruto de un largo proceso de negociación en el que participaron todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, “tanto las que llegaron al acuerdo, como los que no”.
“Cabe recordar que la vigente Ley de Función Pública de La Rioja data del año 1990 y está totalmente obsoleta, por lo que la entrada en vigor de una nueva Ley de Función Pública es una cuestión de urgencia que no puede esperar más” porque “no es de recibo que las empleadas y empleados públicos riojanos sigan regulando sus condiciones laborales con la misma Ley de Función Pública que hace 33 años”.
Inciden en que la Ley actual ni tan siquiera está adaptada, ni armonizada con la legislación básica estatal en la materia (el EBEP), la cual data del año 2007.
Además, la entrada en vigor de la nueva Ley de Función Pública, no sólo permitiría la armonización legislativa en esta materia en nuestra región, sino que podría servir para profundizar en la modernización, profesionalización de las distintas administraciones riojanas, así como la motivación de sus trabajadores y trabajadoras.
Porque, destacan, incluirá cuestiones como la creación y desarrollo del grupo de clasificación profesional B, la creación de nuevos cuerpos, escalas y especialidades, el fomento de la formación y actualización de las empleadas y empleados públicos.
También destacan que incluirá medidas que permitan disuadir el abuso de la temporalidad en el empleo público; el fomento de la carrera profesional y de la evaluación del desempeño de las empleadas y empleados públicos; la mejora en la regulación de la segunda actividad.
Además, desarrollará la figura de la dirección pública profesional, incorporando a la regulación ya existente en la vigente Ley de Función Pública criterios que hagan más transparente el procedimiento de designación, sometiéndose a los principios de igualdad, mérito y capacidad y estableciendo criterios de evaluación de los resultados que actualmente no existen.
Por todo ello, estos sindicatos instan a los Grupos Parlamentarios a un estudio serio de este Proyecto de Ley, teniendo en cuenta la realidad de nuestra Administración y a posibilitar y agilizar el trámite parlamentario que permita dar luz verde a una nueva Ley de Función Pública en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
