La Audiencia Provincial de Logroño ha señalado este lunes el juicio contra el exalcalde de Viguera, Aitor Santibáñez Rodríguez (PP), como presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos, el 28 de enero de 2018, para quien el fiscal pide 15 meses de cárcel y multa de 2.700 euros.
La misma pena solicita el fiscal para el segundo acusado en esta causa, A.C.M., quien ejerció en el momento de los hechos las funciones comerciales de la empresa Benes Productos Petrolíferos, S.L., y al que el excalcalde de Viguera solicitó por vía telefónica el suministro de 3.000 litros, añade el fiscal en su escrito de acusación.
Este segundo imputado en esta causa conocía la condición del entonces alcalde de Viguera cuando le solicitó el suministro del gasóil por vía telefónica.
Entre ambos, acordaron que los referidos 3.000 litros fueran distribuidos de tal forma que 2.000 se usaran para el depósito de la escuela de Viguera, que depende materialmente del Ayuntamiento, y que los 1.000 litros restantes se destinaran a abastecer el depósito de gasóil ajeno al referido Ayuntamiento y de vivienda de uso personal de Aitor Santibáñez Rodríguez, ubicado en la misma localidad.
Ambos investigados acordaron que el cargo de los 3.000 litros de gasoil se efectuase, en su integridad, al Ayuntamiento de Viguera y que este combustible se incluyera en un único albarán de entrega para ser abonado por este Consistorio.
El comercial imputado en esta causa realizó las oportunas órdenes, por vía telefónica, al conductor del camión suministrador, quien, siguiendo dichas instrucciones, realizó el suministro del combustible en la vivienda del entonces alcalde.
Por su parte, Benes Productos Petrolíferos emitió la factura, con fecha 26 de enero de 2018, con cargo al Ayuntamiento, por el suministro de 3.018 litros de agrodiésel, más 10 del 22 de aquel mismo mes de enero, lo que provocó un quebranto económico en las arcas municipales por un importe de, al menos, 730 euros.
Este último importe, continúa el fiscal, sin perjuicio de la correspondiente y exacta cuantificación.
El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de malversación, del que responsabiliza a ambos imputados, para quienes, además, solicita la indemnización conjunta a las arcas del Ayuntamiento de Viguera en 730 euros, además de la inhabilitación para ejercer cargo público por cuatro años.
