La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no puede designar cargos judiciales mientras esté en funciones, ha generado ya la acumulación de un total de 71 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales del país, entre ellos la presidencia en La Rioja, 18 de ellos en el Tribunal Supremo.
La jubilación esta semana de Octavio Herrero, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, suma una más a la lista de vacantes que registra este tribunal, que cuenta desde hace tiempo con un refuerzo en el Gabinete Técnico ante el volumen de asuntos que acumula y la falta de magistrados.
El Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años con el mandato caducado, no puede hacer nombramientos discrecionales desde el 31 de marzo, tras la entrada en vigor de la ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limitó sus competencias mientras está en funciones, una iniciativa que buscó sin éxito presionar al PP a sentarse a negociar la renovación del CGPJ.
El órgano de gobierno de los jueces no puede nombrar nuevos magistrados en el Supremo y tampoco cargos judiciales en la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia o las audiencias provinciales, aunque en esto casos los magistrados siguen en sus puestos en funciones.
En los Tribunales Superiores es donde se registran más plazas pendientes de renovar (82), siete de ellas presidencias, como es el caso de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia, según datos facilitados por el CGPJ.
Se registran asimismo 20 presidencias de Audiencias Provinciales pendientes de renovar y una plaza en la Audiencia Nacional.
El Supremo, por su parte, cuenta ya con 18 vacantes debido a jubilaciones, fallecimientos, excedencias o servicios especiales. Entre sus salas, la de lo Contencioso es la que tiene una peor situación, con 10 nombramientos pendientes, seguida de lo Social (5), Militar (2) y Civil (1). La única que no cuenta con ninguna vacante es la Sala de lo Penal.
A la falta de renovación de cargos judiciales y a la del propio Consejo General del Poder Judicial, se une la del Tribunal Constitucional, donde al CGPJ le corresponde nombrar a dos nuevos magistrados.
