Agricultura

El uso del glifosato, en el aire: ¿Renovación o suspensión?

El que es considerado el herbicida más usado a nivel mundial está a dos meses de conocer su veredicto, al menos a nivel europeo. El glifosato, aplicado para evitar el brote de maleza conocido como «malas hierbas» en cultivos como el cereal, viñedo o frutales, está pendiente de su devenir a partir de 2023.

La autorización de su uso en la Unión Europea concluía, en un principio, este próximo diciembre tras la prórroga de cinco años que se concedió en 2017. Pero en una de las últimas reuniones de la Comisión Europea celebrada en octubre para votar la extensión de la prórroga por un año mientras termina la evaluación del producto no se llegó a la mayoría cualificada. Por tanto, todavía se desconoce si habrá un nuevo aplazamiento o se aprobará su prohibición en el campo, al menos, hasta el segundo semestre de 2023.

El debate polémico que surgió hace cinco años regresa ahora al sector agrícola y a los despachos donde se decidirá su futuro. En un lado de la balanza están los agricultores, quienes temen la desaparición de este agroquímico que provocará el encarecimiento de los costes de producción ante la dependencia de otros tratamientos. Pero la realidad es que la búsqueda de medios no químicos para acabar con la maleza en los cultivos se ha frustrado en varias ocasiones, lo que deriva en que la Comisión Europea opte por la prolongación del glifosato durante un año más o hasta que se encuentren otras alternativas viables y eficaces.

Los ecologistas, que han recogido más de un millón de firmas en favor de su prohibición, lo consideran un «potencial agente cancerígeno, un arma de destrucción masiva que no solo afecta a la biodiversidad del agua y del suelo, sino también a la salud de las persona». Un producto, aseguran, que «daña a la vegetación nativa, provocando la destrucción de cualquier otro tipo de planta que intente germinar en ese suelo».

Mientras, desde las organizaciones profesionales agrarias destierran la posibilidad de esta suspensión. «Es una auténtica incongruencia que por un lado Europa hable de retirar un producto eficaz e imprescindible en tareas agícolas como es la siembra directa, donde se practica un mínimo laboreo, mientras que luego la nueva PAC camina hacia esas prácticas de conservación de los suelos y mínima intervención en la tierra», apunta Néstor Alcolea desde UPA La Rioja. Por ello incide en la necesidad de conservar este herbicida de amplio espectro en la agricultura, «que emplean prácticamente el cien por cien de los agricultores y que supone una materia activa universal fundamental para el sector, al menos hasta que consigan sacar al mercado un producto similar y que sea igual de económico que el glifosato.

Mismo parecer muestran desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja: «El sector ya viene de un año de aumento desmesurado de los costes, agravados por la guerra en Ucrania, por lo que este no es el momento de quitar herramientas útiles a los agricultores. Si se prohíbe el glifosato, dado que no hay productos alternativos con igual eficacia y precio, vaticinamos que los costes de producción aumentarán aún más, complicando la situación no solo de los agricultores y de los ganaderos, sino de los propios consumidores».

Por su parte, ARAG-ASAJA incide en que «lo imporante para los agricultores y que se debería preguntar la Unión Europea es cuál va a ser el coste que va a suponer para el profesional el que se retira el glifosato». Así lo señala el presidente de la organización, Eduardo Pérez, quien remarca que «antes de anteponer la ideología, se ha de pensar en la realidad del campo y en poder garantizar alimentos sanos y seguros a la población».

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