El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja votará el próximo viernes “qué medidas legales concretas adoptará” en respuesta a la protección nacional transitoria que el Gobierno vasco ha concedido este martes a ‘Viñedos de Álava’.
Así lo ha comunicado el Consejo Regulador este martes al reiterar su posicionamiento “ya adoptado en reiteradas ocasiones” respecto a la amenaza de ‘Viñedos de Álava’: “Su rechazo frontal”. Considera que se trata de “una injerencia en la que hay una deslealtad por parte de muchos en la creación de esta nueva denominación”.
El ente regulador del Rioja ha señalado que “es importante esclarecer que la concesión de esta protección nacional tiene carácter provisional hasta que la Comisión Europea determine si da o no luz verde al expediente que recibió en el mes de mayo de este año, y constituye un acto administrativo en sí mismo impugnable”.
El presidente Fernando Ezquerro ha remarcado que “parece que esta actuación sí corresponden más a una intención política que administrativa, ya que el anuncio se ha hecho cuando toda la uva de la asociación que promueve ‘Viñedos de Álava’ está ya en bodegas de la DOCa Rioja. Podía haberse hecho con más mesura, sin tanta sorpresa y avisando al propio sector afectado”.
También ha destacado que “se trata de un asunto judicializado y al que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco todavía no ha dado respuesta”. En este sentido, el director general de la denominación, José Luis Lapuente, califica de “imprudente” la actuación del Gobierno vasco, al “perder una oportunidad de esperar a la resolución de este expediente judicial anticipando una protección nacional transitoria que afecta al 60 por ciento de la comercialización de Rioja”.
El comunicado del Rioja recalca que “ante cualquier acción que menoscabe o represente una amenaza para cualquiera de los aspectos por los que vela el Consejo Regulador o para los miembros a los que representa legítimamente, este la combatirá haciendo uso de todas las armas legales y administrativas posibles”. Por ello, han solicitado el expediente al Gobierno vasco “para conocer qué hay detrás de esto, lamentando a su vez la frivolidad que hay en las declaraciones de la asociación promotora”.
