Hablar de violencia obstétrica en España es “inadmisible” y supone confundir casos aislados de la mala praxis con prácticas generalizadas “en un país donde todos los profesionales trabajan para ofrecer el mejor cuidado posible a las mujeres en el embarazo, el parto y el purperio”.
Así lo ha asegurado a EFE la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, María Isabel Moya, en una entrevista con motivo de su participación en Logroño en el congreso de Derecho y Salud.
Esta dirigente de los colegios de médicos aludió en este congreso a las últimas reformas legales en “derechos reproductivos” entre ellos el proyecto de reforma de la Ley del Aborto, presentado por el Gobierno sin incluir de forma expresa el concepto de violencia obstétrica, a pesar de las reclamaciones de diferentes voces, entre ellas, en los últimos días, la del Consejo Fiscal.
Moya defiende que este “es un debate cargado de ideología” en el que los profesionales “opinamos por el bien de las pacientes” en este caso de las mujeres, y “en este caso hablamos de prácticas que se asimilan a violencia de género y que son inadmisibles en nuestra profesión”.
“No hay ningún profesional que haga daño a una mujer de forma intencionada, pero sin embargo, hay quienes tienen interés en acuñar ese concepto, que separa al médico del paciente y crea una alarma social innecesaria”, defiende Moya, quien reconoce que en el proceso de embarazo, parto y postparto “puede haber casos de mala praxis o errores, que los podemos tener cualquiera” y “ya existen cauces para denunciar esas situaciones y que no se repitan” pero “eso no es lo mismo que hablar de violencia obstétrica”, ha recalcado.
La ministra Darias y Concha Andreu, en la apertura del congreso sobre ‘Derecho y Salud’ de Logroño.
Además, admite que “es necesario humanizar el trato en la atención médica y ofrecer el mejor trato posible a las pacientes y las condiciones de comodidad que sean posibles” pero “eso no supone admitir que existe violencia obstétrica que “por otro lado es un concepto que no tiene ningún rigor científico” con lo que “nos parece intolerable que haya quien quiera incluirlo en una Ley y nos alegra que no esté en el proyecto del Gobierno”.
“En España la atención a la mujer en el embarazo, el parto y el purperio dista mucho de lo que podría calificarse de violencia”, ha recalcado, y ha incidido en que “la verdadera violencia contra la mujer (de su salud reproductiva) son los abortos forzados, la mutilación genital o la esterilización, que se da en algunos países”.
Otro de los aspectos que ha abordado Moya, relacionados también con la salud reproductiva de las mujeres, es la objeción de conciencia que realizan profesionales de la sanidad pública para no realizar interrupciones de embarazo.
“Es otra cosa que hay que explicarle bien a la sociedad en lugar de retorcerla por otros intereses”, ha incidido, y ha recordado que “tras 12 años de la Ley del aborto, el 78 % de las interrupciones de embarazo se hacen en centros privados, 10 puntos menos que hace una década”.
Pero el acudir a esos centros privados, concertados con la sanidad pública, “también es proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” algo a lo que la administración “está obligada, con los recursos suficientes, de forma accesible y con estándares de calidad” y “eso se cumple”.
Así “en España, cuando una mujer quiere abortar y cumple las condiciones legales para ello, puede hacerlo sin coste” pero “otra cosa es que por una cuestión política se quiera hacer en centros públicos” con lo que “hablamos de otra cosa, no de los derechos de la mujer”.
Le resulta “curioso, en cierta medida” este debate “cuando hay muchos ejemplos de patologías en las que no hay accesibilidad a tratamiento en todos los centros públicos y ni siquiera en todas las comunidades, por ejemplo con algunos tipos de cáncer”.
Además “la objeción de conciencia de los médicos es un derecho fundamental y cuestionarla es un ataque injusto e irrespetuoso a esta profesión”, recalca Moya, que reclama que “el foco” se ponga “en la gestión” y “en los motivos por los que se demoniza a los centros privados”.
