El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, ha insistido este lunes en pedir un sexto magistrado para la Audiencia Provincial, el tercero para las salas de Contencioso Administrativo y de lo Social y un octavo juzgado de primera instancia en Logroño ante el “aumento de cargas de la justicia”.
Marca ha intervenido durante el acto de apertura del Año Judicial, en el que también ha presentado un resumen de la memoria de la Fiscalía el fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern, y al que han acudido el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández y la fiscal de sala del Tribunal Supremo Elvira Tejada.
Al acto, celebrado en el vestíbulo del Palacio de Justicia, han asistido también, entre otros, el presidente del Parlamento regional, Jesús María García; los consejeros riojanos de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y de Igualdad, Raquel Romero; la primera teniente de alcalde Logroño, Eva Tobías; y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.
El presidente del TSJR ha subrayado que “los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas”, por lo que ha recalcado que “una justicia tardía, no es justicia”. A pesar de la crisis sanitaria originada por la pandemia, ha asegurado que la justicia riojana ha pasado de comenzar 2021 desde la dificultad hasta finalizar el año con una “absoluta normalidad” y lograr “una nota brillante”.
“Hemos superado grandes dificultades y hemos avanzado hacia una justicia más sólida, más moderna, de mayor calidad y más próxima al ciudadano”, ha recalcado.
La huella pandémica
Así, la pandemia ha transformado la justicia riojana, que ha conseguido celebrar vistas en formato virtual, implantar el expediente judicial electrónico, la cita previa, el teletrabajo y las medidas de seguridad e higiene que han redundado en una mayor modernización y eficacia.
“Ahora nos toca contribuir a una nueva etapa de recuperación económica y social, dotando a nuestras empresas y a nuestros trabajadores de resoluciones uniformes que contribuyan a la necesaria seguridad jurídica”, ha incidido el presidente del TSJR.
Además, en su intervención ha destacado los logros de la justicia riojana, que año tras año registra las tasas más bajas de criminalidad y litigiosidad. En este sentido ha precisado que durante 2021 se resolvieron 30.385 asuntos, un 20,8 por ciento más que el año anterior.
FOTO: EFE/Raquel Manzanares.
La Rioja ha registrado también el menor número de asuntos en trámite de toda España y ha logrado reducir la pendencia en un 17,4 %, ha agregado.
Marca se ha referido a la situación de la Audiencia Provincial que, gracias al esfuerzo de sus integrantes y a las medidas de refuerzo adoptadas, ha conseguido reducir sensiblemente las tasas de pendencia y los tiempos de respuesta.
Ha constatado que La Rioja sigue siendo una de las comunidades más seguras de España, ya que se tasa de criminalidad es de las más bajas del país, con 28 delitos por cada mil habitantes, frente a los 41 de media nacional.
Por otro lado, la comunidad riojana sigue teniendo uno de los porcentajes menores de mujeres víctimas de violencia de género, ya que en 2021 se registraron 50,7 víctimas por cada 10.000 mujeres mientras que la media nacional asciende a 66.
Ha ensalzado la labor que ha desempeñado la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública y la Dirección General de Justicia e Interior en la administración de justicia durante 2021, con mejoras estructurales e informáticas y el acceso en remoto al expediente judicial electrónico.
También ha agradecido al Gobierno riojano la rápida respuesta para habilitar dos nuevas sedes judiciales ante a los problemas que surgieron tras los dos incendios ocurridos en agosto pasado en los Juzgados de Calahorra.
Por último, ha tenido un recuerdo para los compañeros fallecidos durante 2021, con un especial reconocimiento a las magistradas Carmen Araujo -quien ejercía como presidenta en funciones de la Audiencia Provincial de Logroño- e Isabel González, decana de los jueces durante 13 años.
