Tras la aprobación este lunes por parte del Consejo de Ministros del primer paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, son muchas las voces que, aunque entienden que es necesario, no ven estas decisiones como la mejor solución ni la más eficaz.
En ese sentido Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación de Hosteleros de La Rioja es claro. “La hostelería lleva años intentando luchar contra el cambio climático y trabajar con sostenibilidad, especialmente porque eso nos piden nuestros clientes”. Aunque entiende que hay que tomar medidas y ser solidarios con el resto de Europa, cree que “son unas medidas que hay que estudiar bien porque no pueden ir en contra de la calidad del servicio a nuestros clientes. No tenemos muy claro que sean las más adecuadas y habría que hacer normativas de cara al futuro”, ha dicho.
Desde la presidencia de hostelería riojana, Francisco Martínez Bergés, es más crítico. “Volvemos con la misma historia de siempre, poniendo normas para los que estamos a pie de calle y es más fácil vigilarnos, ¿se va a controlar también en las oficinas?”, se pregunta asegurando que a 27 grados en verano es muy complicado trabajar en un establecimiento de hostelería. “De momento, ya tenemos el cachondeo servido con los clientes que nos preguntan si les vamos a dar abanico en verano y mantita en invierno”, cuenta. “Nosotros somos los primeros que queremos ahorrar en gasto energético porque somos los que lo pagamos, pero eso hay que compaginarlo con el buen servicio al cliente”.
Fernando Cortezón, presidente de la Federación de Empresas del Comercio, asegura que el comercio en La Rioja va a colaborar “no sólo con la dependencia energética de Rusia, sino también con la crisis medioambiental que estamos viviendo y que se refleja en el verano de olas de calor e incendios”, aún así pide para ello una estrategia más general, “algo que pueda ser más efectivo con el consumo energético desbocado”, y se queja de que “siempre las medidas son en el mismo sentido. ¿Las compras por Internet con millones de plásticos, cartones y viajes hasta la puerta de la casa del cliente no suponen una importante huella energética?”, se pregunta.
Entiende que “hay que ser solidarios, pero no sabemos si las medidas son las más adecuadas”, y pide flexibilidad para cierto tipos de negocios. “Ahora nos piden que las puertas estén cerradas. ¿Alguien se imagina la puerta de una heladería cerrada e intentar abrirla con cuatro cucuruchos en la mano?”. Así, comprende las medidas, pero “creo que es necesario un plan más adecuado con las necesidades de ahorro energético que tenemos”.
Juan Ramón Liébana, responsable de Prevención de Riesgos Laborales de la FER, va más allá. “La valoración de las medias tomadas no es positiva, en primer lugar porque va a supone nuevas cargas para los establecimientos con la colocación de cartelera y pantallas informativas y la instalación de sistemas de corrimiento automáticos. Pero, además, supone unos costes indirectos en la calidad de los servicios con el aumento de la temperatura en plena ola de calor”, explica.
En lo que se refiere a la salud laboral, asegura que “la medida está cogida con pinzas, ya que la normativa vigente dice que en lugares donde se realizan trabajos ligeros la temperatura tiene que estar entre 14 y 25 grados”. De esta forma, teme que “vamos a someter a un estrés térmico a los trabajadores y hay que recordar que según los datos del propio gobierno este mes de julio han fallecido 2.100 personas en España a consecuencia de las olas de calor”.
Sobre la medida de apagar la luz de los escaparates a las diez de la noche explica que “habrá zonas en las ciudades deficientemente iluminadas, ya que los escaparates complementan la luz viaria”, asegura.
Por otro lado, recrimina la celeridad en la toma de decisiones. “Creemos que incurre en una inseguridad jurídica sobretodo en lo que se refiere al régimen sancionador, porque se remite a una ley de Industria de 1992 que no está pensada para estas cosas”. En resumen, “no sabemos el recorrido práctico que van a tener estas medidas y sobretodo no vemos sanciones par las administraciones que incumplan, sólo hay especificadas para el sector privado”.
