La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha recalcado este martes que la proposición de Ley de Economía Social impulsada por Izquierda Unida en el Parlamento regional “no puede salir adelante por inconstitucional y debe ser retirada inmediatamente de su trámite parlamentario”.
Esta proposición de ley está previsto que se debata el próximo jueves, en un pleno extraordinario convocado por la Cámara regional.
La organización empresarial ha asegurado que sus servicios jurídicos de la FER han constatado que en el planteamiento de la norma no se aclara qué es economía social, “al manejar tres planteamientos distintos e intencionadamente ambiguos”.
La FER ha asegurado que se invaden competencias del Estado, se fomenta la inseguridad jurídica en muchos aspectos y se autoriza al Gobierno regional a priorizar o favorecer a unas entidades sobre las empresas ordinarias en el acceso a los servicios y concesiones públicas. Además, ha criticado que esta iniciativa parlamentaria para dotar a La Rioja de una ley de Economía Social tiene “un notorio sesgo ideológico”.
Según sus datos, se ha tramitado por medio de un procedimiento que no responde a la importancia y calado de la nueva norma y dota al Gobierno de La Rioja de la capacidad de planificar, dirigir y ordenar los objetivos políticos de la actividad económica de estas entidades de economía social.
“La proposición de ley supone una invasión de competencias exclusivas del Estado, como garante de la igualdad en todo el territorio, porque se excede de las competencias autonómicas para desarrollar una legislación básica que ya está contenida y consensuada en la Ley de Economía Social Estatal”, ha insistido.
Por otro lado, la iniciativa legislativa maneja un concepto del interés social “incompatible con la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado reconocida constitucionalmente”, porque, según la FER, apuesta por una economía planificada.
En este sentido, ha aclarado que dota al Gobierno regional de un instrumento con el que planificar, dirigir y ordenar los objetivos políticos de la actividad económica a través del derecho de sociedades, lo cual es inconstitucional.
Otro de los aspectos analizados por la FER hace referencia a la “inseguridad jurídica” que subyace en la norma, al determinar qué entidades son o pueden ser empresas de economía social.
Así, ha agregado esta asociación, califica las entidades de economía social con criterios inconcretos, no garantiza la función social de las empresas, vulnera la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y contradice las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el mercado interior.
La propuesta para una nueva ley de Economía Social de La Rioja autoriza al Gobierno de La Rioja a otorgar prioridad a estas entidades de economía social, en detrimento de las empresas ordinarias en aspectos tan transcendentales como el acceso a ayudas y subvenciones, ha indicado.
Tampoco permite desarrollar iniciativas como la internacionalización, la contratación pública y la tramitación acelerada en los procedimientos administrativos, de modo que, para la FER, “crea una evidente desigualdad entre empresas de primera (aquellas que considere el Gobierno) y todas las demás”.
Ha insistido en que la transcendencia de una Ley de Economía Social, en todo caso, debería haberse tramitado como proyecto de ley y no como proposición de ley.
“Con este procedimiento, se ha fomentado una clara falta de transparencia, porque la proposición no está sometida a la exposición pública necesaria para que toda la sociedad riojana, los ciudadanos, las organizaciones o cualquier colectivo que se vean afectados puedan presentar alegaciones y mejorar la nueva norma”, ha recalcado.
