La Rioja

Piden nueve años de cárcel para cuatro trabajadores de Alsa por acoso laboral a un compañero

El fiscal pide 9 de años de cárcel para tres responsables de una empresa de transportes y un trabajador como presuntos autores de los delitos de acoso en el trabajo y lesiones contra un empleado, a quien supuestamente causaron un trastorno depresivo grave y angustia que provocaron su incapacidad laboral permanente.

La Audiencia Provincial celebra este lunes, 13 de junio, la vista oral por estos hechos, por los que el Ministerio Público también reclama a los cuatro acusados y la empresa para la que trabajaban el pago conjunto de una indemnización de 300.000 euros por las lesiones causadas.

Según el escrito de acusación, el perjudicado trabajaba desde 1999 como conductor de autobús para la empresa Continental, que desde 2010 forma parte del Grupo Alsa, por lo que en ese año reclamó judicialmente ajustes salariales que le correspondían.

Desde entonces, el gerente, otro conductor, un técnico y el jefe de tráfico de esta empresa comenzaron a ejecutar «un plan especialmente diseñado para hostigarle y vejarle, como dirigirle constantemente un trato despectivo, malas contestaciones y asignarle autocares que no reunían condiciones mínimas», asegura el fiscal.

A partir de octubre del 2010, el autobús que conducía la supuesta víctima «presentaba averías, falta de calefacción o defectos en la puerta, lo que le impedía hacer bien su trabajo y llegar a tiempo, causándole, además, el estrés de tener que sufrir las quejas por parte de los usuarios».

En enero de 2011, el gerente de la empresa le abrió un expediente disciplinario por no entregar originales de los discos tacógrafos, «a pesar de demostrarse posteriormente por la Inspección de Trabajo que sí lo había hecho», lo que motivó que el conductor causara su primera baja por crisis de ansiedad, que se extendió hasta diciembre de 2012.

Esta baja fue declarada accidente laboral por el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño, pero cuando el trabajador se incorporó a su puesto, sus superiores «solo le entregan tallas pequeñas de su uniforme, con la voluntad de humillarle», asegura el fiscal.

Además, añade, dejaron de remitirle las nóminas, le impidieron el acceso al sistema operativo de la empresa, algo que no ocurría a sus compañeros de trabajo; y fue el único trabajador a quien no entregaron cesta de Navidad los años 2012 y 2013.

El 16 de abril del 2013, el empleado supuestamente acosado solicitó al jefe de tráfico de la empresa tomar un día de asuntos propios para el 18 de mayo, pero hasta la víspera su superior no se puso en contacto con él para denegarle el día, por «problemas para cuadrar el calendario».

Uno de los cuatro acusados era el conductor que usaba el mismo autobús que la presunta víctima y, según el fiscal, «se lo entregaba sin limpiarlo y sin revisar el mantenimiento, lo que hace que se quejen los pasajeros».

Este compañero «estropeó el aire acondicionado del autobús a base de manipular las tuberías», por lo que el conductor supuestamente acosado fue trasladado en julio de 2013 al hospital tras sufrir un golpe de calor mientras conducía.

Por ello, el gerente le abrió un nuevo expediente sancionador por falta muy grave al haber dejado el autobús y tenido que subcontratar a otra empresa para conseguir otro conductor, una sanción que fue declarada nula en julio de 2014 por el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño.

En mayo de 2013, el trabajador presuntamente acosado interpuso una demanda ante el Juzgado porque la empresa no le daba los días de vacaciones a los que tenía derecho en 2011, que después le fueron reconocidos por sentencia en septiembre del 2014.

Por todo esto, el perjudicado comenzó en de julio de 2013 un nuevo periodo de baja médica por un trastorno depresivo grave, que requirió hospitalización en el hospital San Pedro de Logroño.

Un informe de la Unidad de Salud Mental del Servicio Riojano de Salud estableció en 2017 que este hombre sufre de un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, con incapacidad para hablar, por el que se declaró su situación de incapacidad absoluta por una sentencia de mayo de ese año del Juzgado de lo Social número 3 de Logroño.

Por estos hechos, el fiscal pide a cada uno de los cuatro acusados dos años de prisión como presuntos autores de un delito de acoso en el trabajo y otros siete años por las lesiones que supuestamente le causaron.

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