El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha defendido la necesidad de “no seguir estresando al conjunto de la comunidad educativa, reclamando un sobresfuerzo extra al histórico que se viene realizando desde el curso 2020, mayúsculo en el caso de tener que aplicar la Ley Celaá sin tiempo y sin que hoy, ni en un futuro cercano, esté aprobada la normativa autonómica que la desarrolle. Un dislate. Reclamamos una moratoria al Ministerio de la aplicación de la Ley Celaá en La Rioja en Secundaria y Bachillerato el próximo curso 2022-2023”.
“No tiene ningún sentido que se pretenda articular un sistema educativo basado en las nuevas competencias desde la absoluta incompetencia en la gestión por parte de la Consejería. El Gobierno de La Rioja, por responsabilidad, debe ponerse de parte de los claustros, equipos docentes y familias y reclamar esa moratoria”, ha añadido.
Del mismo modo, ha recordado que esta situación polémica afecta a las editoriales, que no pueden ajustar la edición de los libros de textos del próximo curso sin contar con la normativa aprobada. “El Gobierno de La Rioja, desde enero, no mantiene ningún contacto con los editores de libros escolares. Sólo se han compartido unos borradores el pasado mes de enero. No parece serio que las editoriales hagan unos manuales serios basados en borradores. Con borradores no se puede gestionar adecuadamente algo tan sensible como la educación. Nunca tanta incompetencia había provocado tanta tensión en el ámbito educativo”, ha resaltado.
Además de iniciativas de control e impulso al Gobierno de Andreu en el ámbito educativo, el Grupo Popular denunciará en el próximo pleno regional que “la debilidad de las políticas económicas del Gobierno de Andreu sitúa a La Rioja, según la AIREF, entre las cuatro comunidades autónomas con menor crecimiento económico en el primer trimestre de 2022. Con Andreu, La Rioja está peor que la media”. Un dato “preocupante” que ha ligado a la situación del mercado laboral riojano, “dopado por el gasto público, el 43% del empleo creado desde la pandemia es público, y que en términos acumulados en 2022 se ha incrementado el número de desempleados”.
“No entendemos por qué de manera obstinada rechazan la mano tendida del Partido Popular para adoptar medidas, como la reducción de impuestos, que beneficiarían a los riojanos”, ha apuntado.
Cursos de formación
En otro orden de cosas, Jesús Ángel Garrido ha adelantado que su Grupo reclamará una serie de expedientes y de documentación relativa al curso de formación pagado con dinero público en la IESE al exgerente de la Fundación Hospital de Calahorra, Fernando India, por importe de 25.560 euros. “Lejos de aclararse este caso, lo cierto es que el Gobierno de Andreu debe demostrar que ha gestionado escrupulosamente el dinero de todos los riojanos”, ha subrayado.
Entre la documentación solicitada figura copia completa de los expedientes en los que se le reclama la devolución del dinero, la reclamación judicial, el pago de las facturas, así como expedientes y justificantes relativos a los supuestos complementos formativos.
