Desde el año 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva -conocida popularmente como Ley del aborto- permita que cualquier mujer mayor de edad interrumpa su embarazo antes de las 14 semanas de gestación. Pero en términos prácticos, la realidad es bien distinta para las mujeres que acuden al Servicio Riojano de Salud (SERIS) con esa intención, pues ninguno de los profesionales del servicio de Ginecología se presta a interrumpir el embarazo.
De hecho, son en torno a 300 mujeres (278 en 2021) las que, de media, acaban siendo derivadas a centros privados de Navarra o Aragón para abortar, pues los ginecólogos del SERIS se acogen a la objeción de conciencia y tan solo acceden a interrumpir aquellos embarazos que representan un peligro para la madre y culminan los abortos cuando certifican que el feto ya ha fallecido.
Si la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho adquirido por las mujeres, la Ley también reconoce el derecho a la objeción de conciencia entre el personal sanitario. En esos casos, cada profesional se inscribe en un registro detallando que se oponen a participar en determinadas intervenciones, como por ejemplo el aborto.
Sucede que en las comunidades más pequeñas la objeción de conciencia es materia común entre los profesionales de una determinada cartera sanitaria. Así, al menos, lo explica la presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja, Inmaculada Martínez, quien ha afirmado en Radio Rioja Cadena SER que “si solo uno de ellos no lo fuera (objetor) todos los casos recaerían en esa persona y absorbería toda la carga asistencial”.
En la defensa de su postura, la ginecóloga Juana Hernández apunta que el ‘desmarque’ de un facultativo en un área en la que impera la objeción de conciencia implica el “empobrecimiento” de la unidad: “Ser la abortadora o la abortista de toda La Rioja sería duro; por eso, cuando entran nuevos profesionales también firman la objeción porque el resto también lo ha hecho”.
Esta profesional aboga por la creación de un cuerpo específico de abortistas en la sanidad pública, pues “no tiene sentido que un ginecólogo se dedique a reproducción, a concebir nuevos niños y niñas y luego además tenga que hacer la labor del aborto; tiene que haber gente preparada solo para esto y que se les contrate con esa exigencia”.
La factura de la objeción
Aunque no los practique directamente, el Servicio Riojano de Salud sí se hace cargo del coste de las interrupciones del embarazo de las mujeres a las que deriva a otras comunidades. Según las fuentes consultadas por la Cadena SER, la factura de este servicio ronda los 130.000 euros anuales (unos 150 euros por aborto), a los que habría que sumar los gastos por dietas y traslados, que también corren a cuenta del Ejecutivo autonómico.
“Lo paga la sanidad pública, no los pacientes”, especifica el doctor José Gurrea, de una de las clínicas navarras a las que el SERIS deriva pacientes. El facultativo explica que “no hay mucha gente que venga por su propia cuenta; todas las mujeres saben, lo que supone un beneficio para ellas”, pues el coste a ‘precio de mercado’ de una interrupción del embarazo asciende a unos 400 euros.
