La diputada autonómica de IU, Henar Moreno, ha reiterado este miércoles al Gobierno regional que cumpla con lo aprobado en los presupuestos regionales y cree la empresa pública de ayuda a domicilio, solicitada por IU.
En este sentido se ha pronunciado en una rueda informativa, junto a dos representantes de la ayuda a domicilio de las mancomunidades de Moncalvillo y Cuatro Ríos, en la que han analizado la situación del servicio y han anunciado una concentración, mañana, jueves, en el Paseo del Espolón, para exigir la dignificación de este servicio.
Moreno ha precisado que IU introdujo la creación de esta empresa pública en los presupuestos regionales de 2021 y 2022 y “parece que no hay voluntad por parte del Gobierno en aplicarlo”.
IU, ha dicho, introdujo la reivindicación “justa” de creación de esta empresa pública en la doble vertiente de defender los derechos laborales de las personas que cubren este servicio, con formación acorde al puesto de trabajo que desempeñan y garantizar los tiempos dedicados al usuario.
En este contexto, ha informado de que IU pedirá explicaciones al respecto en la reunión del Pacto de Seguimiento del Acuerdo de Gobernabilidad (PSOE, IU y Podemos) del próximo mes de junio.
El objetivo de crearse una empresa pública de ayuda a domicilio es que pueda concurrir, en igualdad, con la iniciativa privada, y en los pliegos del concurso se incluyan cláusulas que garanticen cuestiones como la dignidad de los derechos laborales de las personas que cumplen este servicio, y que, actualmente, ha añadido, no se cumplen en todos los casos.
Alicia Marchena, de la Mancomunidad de Moncalvillo, y Susana Guzmán, de Cuatro Ríos, han detallado que el salario base que reciben por parte de las empresas adjudicatarias del servicio está en unos 984 euros, por debajo del mínimo interprofesional, no se les cuentan las horas fuera de jornada ni los desplazamientos.
Tampoco se contrata a personal con formación en la materia ni se le ofrece formación continuada para prestar este servicio.
También han indicado que el convenio que regula esta actividad está paralizado desde 2019 y el servicio está subrogado a empresas que no siempre, ha dicho, cumplen con los derechos laborales, lo que repercute también en la calidad del servicio al usuario.
