El paro indefinido de transportistas autónomos y de pequeñas y medianas empresas amenaza con enquistarse y provocar finalmente desabastecimientos, a la vista de los problemas que ya se están generando en la cadena de suministros de algunos productos y el rechazo del Gobierno a negociar con sus convocantes.
La Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, convocante de la protesta, ha reiterado este viernes, la quinta jornada del paro, que no lo desconvocará mientras no los reciba la ministra del ramo, Raquel Sánchez, que se niega a hacerlo, al considerarla una organización minoritaria dentro del sector.
Además, lo define como un grupo de ultras que intenta someter al país a un chantaje y asegura que su único interlocutor válido con el sector es el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), del que la Plataforma no forma parte, y con el que se ha comprometido esta semana a tomar medidas urgentes ante la escalada del precios de los carburantes, agravada por la invasión rusa de Ucrania.
En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este viernes su “absoluta empatía” ante las demandas de los transportistas, a los que ha ofrecido diálogo, pero ha llamado a la calma ante las acciones violentas de “una minoría” frente a las que el Ejecutivo garantizará el orden público. De hecho, el Ministerio del Interior ha movilizado a 23.600 efectivos de la Policía y la Guardia Civil para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, las infraestructuras críticas y que no haya desabastecimiento en los bienes de primera necesidad.
Empiezan a verse problemas en suministros
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que “todos los camioneros que quieran trabajar van a poder hacerlo”, además de dejar claro que los servicios públicos siguen funcionando y que los bienes y mercancías “están llegando y en modo alguno puede haber una situación de desabastecimiento”.
Según la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el conflicto del transporte “no es una huelga”, sino “un boicot” y ha subrayado que el abastecimiento está garantizado aunque puede haber “situaciones puntuales”.
Sin embargo, la cadena alimentaria cifra ya la repercusión del paro en su primera semana en unas pérdidas de 600 millones de euros, según las patronales del sector del consumo, que alertan de los estragos de las movilizaciones en Andalucía, Galicia, la zona norte del país, Extremadura y Levante. En los diferentes mercados del país, aunque de manera desigual, se han registrado caídas en las llegadas de productos frescos, especialmente frutas y hortalizas.
En el caso de Mercamadrid, el principal centro alimentario de España, la disminución de la llegada de frutas y hortalizas a lo largo de la semana ha sido del 50 % y sigue sin poder reexpedir producto, por lo que el aprovisionamiento se está viendo más afectado en otras provincias que en la Comunidad de Madrid.
La industria láctea está siendo una de las más afectadas y Lactalis tacha la situación de “muy grave”, especialmente en Galicia, mientras que los pescadores advierten de la pérdida de cientos de toneladas de pescado, ante la imposibilidad de comercializar sus capturas.
El paro está ocasionando grandes problemas también en la industria de la carne en el funcionamiento de la cadena alimentaria y se están informando “constantemente” de incidentes que impiden la entrada y salida de vehículos de empresas y centros logísticos.
