El 90 por ciento de los letrados de Justicia han secundado la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para criticar la “desatención” de sus demandas por parte del Ministerio de Justicia”.
Según detallan los convocantes (UPSJ), el paro ha provocado la suspensión de 158 juicios, vistas y señalamientos en La Rioja, así como tres ratificaciones de divorcio, un desahucio y una toma de posesión ante la Administración de Justicia. Además, se han visto afectadas 20 comparecencias del Registro Civil y 72 comparecencias en los ámbitos penal, civil, contencioso y social, como ofrecimientos de acciones a perjudicados, declaraciones de imputados, cotejos, declaraciones de víctimas, apud-acta, etc.
UPSJ detalla que 1.654 demandas y escritos han quedado sin aceptar en las bandejas de entrada, así como 115 atestados policiales, 6.850 notificaciones vía lexnet y 602 notificaciones personales no han sido practicadas en la comunidad, además de paralizar la cuenta de depósitos y consignaciones, sin practicar mandamientos de pago alguno, ni aceptar ingresos de todo tipo.
Los letrados reivindican “dignidad y respeto” para el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia y subrayan que la huelga se produce “tras los oídos sordos y la burla parlamentaria del Ministerio de Justicia a las reclamaciones históricas del Cuerpo, lo cual sitúa un escenario judicial complejo, turbio y conflictivo”.
FOTO: Raquel Manzanares/EFE.
Entre sus reivindicaciones, los letrados aseguran que “las reformas procesales y organizativas aprobadas en los últimos años (desde el 2009) en el ámbito de la Administración de Justicia ha derivado en un notable incremento de competencias y responsabilidades del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia”. “El propio Gobierno consciente del nuevo marco generado en el que cobramos un papel esencial en el funcionamiento de la Justicia, incorporó en la Ley 11/2020, de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, la Disposición Adicional 157 en la que asume el compromiso de la adecuación salarial como mecanismo de respuesta a estas nuevas funciones. Este compromiso ha sido flagrantemente incumplido”, añaden.
“Conforme a la Ley, somos directores de la oficina judicial, y, como tales, debemos tener el derecho reconocido a una negociación colectiva propia, representada por nuestras asociaciones profesionales, como ocurre con otros cuerpos directivos nacionales”, apunta UPSJ, asegurando que “no nos sentimos representados por los sindicatos generalistas y las negociaciones que éstos dicen hacer en nuestro nombre han sido perjudiciales para nuestro colectivo”.
“De la mesa de negociación se extrae que, los que se sentaron en ella, no han hecho una defensa digna de nuestros intereses. Por ello, pedimos nuestra propia negociación colectiva”, concluye el comunicado de los profesionales.
