El agro riojano ha protagonizado una gran movilización con cerca de 300 tractores y alrededor de tres mil asistentes que este miércoles han recorrido Vara de Rey con destino a la sede del Ejecutivo riojano y la Delegación del Gobierno de La Rioja.
Allí, Pedro Lara Magaña, presidente del Colegio de Agrónomos, como única voz de los agricultores, ha leído un manifiesto dirigido a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y a la delegada del gobierno, María Marrodán, en el que han plasmado las principales reivindicaciones del sector.
Entre ellas la necesidad de recuperar la rentabilidad de unas actividades ahogadas por los elevados costes de producción y unos precios percibidos que no se ajustan a las subidas que sí afronta el consumidor final.
Comunicado
Desde las tres Organizaciones Agrarias riojanas queremos manifestar nuestro apoyo incondicional a todos los agricultores y ganaderos de La Rioja que, con su trabajo y dedicación diaria, mantienen vivos nuestros pueblos.
Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de todos vosotros, que habéis dejado por un día vuestra labor para alzar la voz al unísono para que toda la sociedad riojana sea consciente de la difícil situación que estamos atravesando.
Para salir de esta situación no hay una receta única. Hay que trabajar en muchos de los temas que nos afectan de manera negativa, lastrando nuestra actividad, nuestra economía y nuestro estado de ánimo.
Para empezar a salir de esta situación trasladamos a nuestros gobernantes las siguientes peticiones:
1. Cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que se realicen y registren contratos y los precios superen los costes de producción.
De nada sirve una ley escrita en papel y publicada en el BOE si su cumplimiento no es efectivo. Por eso, solicitamos tanto al Gobierno de La Rioja, como al Gobierno de España, que la doten recursos que garanticen su cumplimiento. Además, la ley tiene que vincular estudios de costes de producción imparciales, como el Observatorio de Precios de Producción de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que sirvan de referencia a la hora de comparar el precio firmado en el contrato.
2. Una PAC con mayor presupuesto, y que favorezca al modelo de agricultura familiar, dirigida a los agricultores y ganaderos.
La actual reforma de la PAC no ha recogido las principales reivindicaciones del sector. Además, viene asociada a un recorte presupuestario en el momento más difícil para la agricultura y la ganadería.
La ausencia de reformas sustanciales sigue penalizando al agricultor profesional frente a los grandes perceptores, que, desde luego, no son ni agricultores ni ganaderos.
El aumento en las exigencias medio ambientales para percibir, en el mejor de los casos, la misma cuantía que hasta ahora, van a suponer un aumento de los costes de producción y más y más y más burocracia.
3. Control de las importaciones de productos agrarios de terceros países.
Mientras que los agricultores y ganaderos estamos produciendo alimentos con las exigencias medio ambientales, de bienestar animal, de seguridad alimentaria y laborales más exigentes y restrictivas del mundo, asistimos impotentes a la llegada de productos agrarios producidos en terceros países, con unos estándares de calidad y unas garantías sanitarias infinitamente menores que los nuestros. Producir en esas condiciones es muchísimo más barato que producir con los requisitos comunitarios, y por tanto suponen una competencia desleal con nuestros productos, un engaño al consumidor y, por tanto, con todo el sector.
Por este motivo, es de vital importancia que todos los productos que importamos tengan que cumplir escrupulosamente todas las exigencias y normativas de distinta índole que debemos cumplir en la Unión Europea.
4. Plan de choque ante el incremento de costes de producción.
El incremento descomunal de costes de materias primas de los últimos meses está ahogando a agricultores y ganaderos. Exigimos una respuesta firme en forma de reducción de impuestos asociados a la renta, y de bonificaciones en las facturas de gasóleo, de plásticos y de fertilizantes, para que podamos seguir ejerciendo nuestra actividad. Unas medidas que se han aplicado tras anteriores movilizaciones, pero que ahora no están en vigor.
5. Una política fiscal de discriminación positiva con las explotaciones familiares arraigadas en el territorio.
Para afrontar el reto demográfico, es imprescindible contar con agricultores y ganaderos. Somos la principal actividad económica de nuestros pueblos. Somos los que mantenemos los servicios e infraestructuras y los que arraigamos familias al medio rural. Por tanto, necesitamos una política fiscal que contemple el esfuerzo económico y personal que supone para el sector, que discrimine positivamente la fiscalidad del mundo rural.
6. Reducción de tarifas eléctricas y aplicación de la doble potencia en el sector agrario.
Tenemos claro que el regadío garantiza nuestras cosechas, aumenta las posibilidades de cultivos, es fuente de riqueza y de diversidad y nos permite adaptarnos a cultivos que demanda el mercado. Pero de nada nos sirve tener un regadío moderno, si no podemos pagar la electricidad que necesita.
De tal forma que solicitamos una reducción de las tarifas eléctricas, que contemple las necesidades del sector agrario, y que aplique cuanto antes la doble potencia para el sector, tal y como recoge la ley.
Esto contribuirá a aliviar en parte la crisis del incremento de costes de producción, y a mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones.
7. Control efectivo de fauna salvaje. Mantenimiento de umbrales de poblaciones compatibles con la agricultura y ganadería.
Los agricultores y ganaderos llevan años viviendo soportando los daños causados por la fauna silvestre. En la actualidad conejos, corzos, jabalíes y lobos, arrasan nuestros sembrados, devoran nuestras viñas, arruinan las plantaciones de frutales y hortícolas, transmiten enfermedades a nuestras vacas y matan nuestras ovejas, un día sí y otro también.
La convivencia entre agricultores y ganaderos con la fauna silvestre tiene que ser equilibrada. Los daños que causen tienen que ser asumibles. En la actualidad vivimos en una situación descontrolada.
Así pues, solicitamos una respuesta decidida de la administración. Medidas eficaces que devuelvan el equilibrio al ecosistema agrario, y mantengan a las poblaciones de fauna en umbrales compatibles con la actividad.
De la misma manera, pedimos la retirada del lobo del LESPRE. La población de lobos en nuestra comunidad, está en una evidente expansión. El control poblacional del lobo que veníamos haciendo no frenaba esa expansión.
La Rioja fue la única Comunidad Autónoma con daños causados por el que se posicionó a favor de esta sobreprotección traicionando, de forma infame, a los ganaderos de la sierra.
En la actualidad no existe ninguna medida de control poblacional con la que puedan defenderse los ganaderos ante los ataques que siguen padeciendo.
Por tanto, exigimos inmediatamente medidas eficaces de control poblacional de lobo con las que los ganaderos se puedan defender de los continuos ataques.
8. Más financiación y compromiso de apoyo a los seguros agrarios.
Pedimos que los seguros agrarios se adapten a las necesidades actuales del sector, fruto del cambio climático y del aumento de daños de la fauna. Los continuos siniestros que estamos sufriendo están provocando un incremento inasumible de las tasas de los seguros. Además, en muchas ocasiones, ante la reiteración de siniestros, se están reduciendo las coberturas del seguro, perjudicando a nuestras explotaciones.
9. Plan de actuaciones urgentes para reconstruir las infraestructuras agrarias que la última inundación del Ebro arrasó.
Hace un mes, el rio Ebro se desbordó a su paso por prácticamente toda La Rioja, ocasionando daños muy importantes en fincas e infraestructuras agrarias. Desde la administración se comprometieron a dar ayudas para revertir la situación y los daños de las inundaciones, pero hasta el momento la mayor parte de los daños no se han reparado, y lo que es peor, los agricultores afectados no saben nada aún de las esperadas ayudas. Solicitamos un plan de medidas urgentes dirigidas a la reparación total de los desperfectos que ocasionaron las inundaciones.
