La Rioja

Un acusado de estafar a estudiantes riojanos con un viaje culpa a los bancos

El dueño de una agencia de viajes de Valencia al que se juzga en la Audiencia Provincial de Murcia como presunto autor de la apropiación de 283.600 euros que 654 jóvenes de toda España, entre ellos de La Rioja, le habían dado para un viaje de estudios a Palma de Mallorca ha responsabilizado de su suspensión a un mayorista y a los bancos.

Durante el interrogatorio al que ha sido sometido este martes, el acusado ha explicado que la agencia no pudo seguir operando porque el mayorista con el que trabajaban les exigió el pago inmediato de sus servicios o la prestación de un aval, al tiempo que los bancos le reclamaron una póliza de crédito y bloquearon sus cuentas.

A lo que se unió el hecho de que en los viajes que organizaban hacia diversas poblaciones españolas y del extranjero en aquel año, 2013, se produjeron numerosas cancelaciones cuando ya habían asumido los gastos de preparación que conllevaban los más de 10.000 excursionistas que habían contabilizado, según sus palabras.

A preguntas del fiscal, ha reconocido que los 654 estudiantes, que se proponían hacer la excursión los días 21 y 25 de junio de aquel año, habían abonado el importe total del viaje.

En esta nueva sesión de la vista oral que dio comienzo el 1 de diciembre pasado ha declarado como testigo el encargado de reclutar estudiantes para la agencia de viajes del acusado en Castilla-La Mancha, singularmente en Cuenca.

Ha revelado que cuando se conoció que la excursión quedaba suspendida, lo que los estudiantes supieron poco antes de la hora prevista para la partida, sufrió varias amenazas de muerte, cuando él no era responsable de lo ocurrido y no podía conectar entonces con nadie de la agencia.

Y ha añadido que por aquellos días nadie de la empresa le explicó qué es lo que había ocurrido para cancelar las excursiones, si bien más tarde en una reunión les dijeron que todo se debía a que habían perdido la línea de crédito.

El testigo ha comentado que nunca entendió esa explicación, «porque los estudiantes habían entregado el dinero, que debió haberse destinado a realizar la excursión programada».

En la vista ha declarado también como testigo un comercial del mayorista, quien ha explicado que este no modificó sus condiciones con respecto a las relaciones que mantenían con la agencia del acusado, para añadir que cuando acudió a sus oficinas en Valencia para intentar cobrar la deuda que tenía con ellos, que superaba los 350.000 euros, estaban cerradas.

En la vista oral, en la que se piden para el acusado cuatro años de prisión y la devolución de los 283.600 euros entregados por los estudiantes, figura como responsable civil subsidiario la empresa Grupo Dor Ocio, representada por su administrador concursal.

Señala la acusación estatal que los estudiantes perjudicados residen en su mayor parte en Alicante, Murcia, Valencia y Cuenca, aunque también los hay de Madrid, Guadalajara, La Rioja, Córdoba, Sevilla, Tarragona, Castellón y Barcelona.

El juicio continuará el 8 de febrero con la exposición de las conclusiones y los informes, según anunciado el presidente de la sala, el magistrado Juan del Olmo.

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