El diputado Autonómico del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, ha denunciado este jueves que la Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE) que el Gobierno regional de la socialista Concha Andreu quiere crear con la “excusa de luchar contra el cambio climático es en realidad un nuevo chiringuito para colocar a más amigos”.
En una nota, Cuevas ha anunciado la enmienda a la totalidad registrada por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley de creación de ARTE. Ha resaltado que, según la información remitida a la Cámara regional por el Gobierno de Andreu, la puesta en marcha de ARTE supondría “duplicar el gasto público, en políticos y asesores, sin que esta agencia mueva ni un solo dedo para atender la emergencia climática”.
En este sentido, ha subrayado que la actual Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno regional tiene un presupuesto de 587.000 euros en personal para 2022 y cuenta con un alto cargo y 9 funcionarios, mientras que ARTE va a suponer un gasto de 1.141.000 euros, un 94,32 % más, y la plantilla aumentaría hasta las 24 personas.
“Esto es intolerable y no se puede consentir”, ha insistido Cuevas, quien ha reprochado al Gobierno de Andreu que esta sea su única aportación, en dos años y medio de legislatura, la creación de una nueva agencia de colocación donde emplear a sus amigos.
Así, dicho que ARTE tendrá un gerente que contará con sueldo de consejero, con lo que ya serán 12 personas en el Gobierno de La Rioja con nómina de consejero, aunque “cuatro no se sientan en el Consejo de Gobierno: Eliseo Sastre, Alberto Lafuente, José Ignacio Castresana y el futuro gerente de esta agencia”.
Ha recalcado que la puesta en marcha de esta agencia “no se justifica con argumentos creíbles; no está justificada ni en términos de legislación, ni de personal, ni presupuestarios; y además, el texto remitido por el Ejecutivo pone en entredicho la capacidad de la propia administración para llevar a cabo este tipo de políticas”.
Por ello, ha alertado de abre la puerta a la posibilidad de “externalizar una parte de la gestión, lo que el PSOE tachaba como ‘privatización’ cuando estaba en la oposición”.
