El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este jueves el acuerdo adoptado por el Gobierno regional para implantar el pasaporte COVID, cuya aplicación está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) y que estaría vigente hasta el 20 de enero de 2022.
El Consejo de Gobierno de La Rioja acordó, en su reunión de este miércoles, solicitar, a los mayores de 12 años, el certificado covid en determinados espacios, como centros hospitalarios y de servicios sociales; discotecas, salas de bailes, sales de fiesta, bares y restaurantes con aforo de más de 50 comentales.
A ellos se suman los eventos multitudinarios de carácter cultural en espacios interiores con consumición de comida o bebida de más de un millar de personas; y se excluyen de este requisito de control de acceso los espacios y terrazas al aire libre.
La resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud publicada este jueves en el BOR detalla el acuerdo de solicitar a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR la autorización precisa, por lo que el pasaporte covid no entrará en vigor hasta que lo autorice la Justicia.
En la exposición de motivos, se indica que en los últimos días se ha observado un aumento importante en el número de contagios, probablemente, como consecuencia del aumento de la movilidad derivada de los periodos festivos y de las actividades que pueden favorecer una mayor transmisión por las celebraciones y eventos sociales de fin de año.
Alude a la necesidad de adoptar medidas “concretas y temporales”, conforme a la situación epidemiológica concreta, que ayuden a reducir la transmisibilidad, limitando el riesgo de contagio en contextos de mayor movilidad social de actividades que favorezcan la transmisión, como el ocio nocturno y las reuniones sociales de especial magnitud que impliquen grandes concentraciones.
“El certificado COVID digital (…) ha de ser valorado como un instrumento idóneo para mejorar el control de la pandemia en ámbitos y actividades como los indicados”, añade la resolución, que recuerda que esta media de prevención ya se ha implantado en otras comunidades vecinas, con previa validación por los órganos jurisdiccionales.
El Gobierno considera esta media como “adecuada, idónea y proporcionada” en relación con los bienes jurídicos en conflicto: salud pública versus igualdad, intimidad, protección de datos personales y libertad de circulación.
Así, “la medida adoptada supone una medida no invasiva, que afectaría únicamente a la posible asistencia a establecimientos, actividades o eventos de acceso voluntario y donde no se realizan actividades esenciales”, subraya la resolución.
En estas actividades o establecimientos existe un mayor riesgo objetivo de transmisión, por lo que se plantea la exigencia de exhibir el documento que acredite algunas circunstancias, como la condición de vacunado (pauta completa de vacunación con una antelación de 14 días) y haberse recuperado de la covid en los últimos 80 días.
También se contempla una prueba diagnóstica negativa en relación con la covid-19, realizada en las últimas 72 horas en el caso de la PCR y en las últimas 48 horas en el de los test de antígenos
