Educación

El Defensor del Profesor de ANPE atendió 24 casos: “Alarmante aumento”

El Defensor del Profesor de ANPE atendió 24 casos en La Rioja en el pasado curso 2020-2021, lo que supone “un alarmante aumento” respecto al curso anterior, en el que se hizo cargo de 11 casos; y es el máximo de la serie histórica desde la implantación del servicio en la región en 2006.

Así lo revela el Informe anual del curso 2020-2021 difundido este jueves por ANPE Rioja, en el que se recuerda que el Defensor del Profesor atiende de forma gratuita a cualquier docente de niveles no universitarios en los conflictos que se le presenten derivados del ejercicio de su profesión, con independencia de su origen.

Estos 24 casos de los que se ocupó este servicio del Defensor del Profesor se distribuyen en: 11 en Educación Secundaria; 10 en Educación Primaria; 2 en otros niveles educativos, que incluye, por ejemplo, la enseñanza a adultos y las escuelas de idiomas y artes; y 1 en Formación Profesional (FP).

En los últimos tres cursos académicos se observó un valle de incidencia en Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que ha vuelto a repuntar; una disminución de casos en Educación Infantil y FP; y un aumento en las enseñanzas de régimen especial, apunta este informe.

Además, constata que, durante el pasado curso, no hubo registro de casos procedentes de centros concertados, debido, entre otras razones, a que “al profesorado contratado por entidades privadas le resulta más difícil acudir al Defensor del Profesor”.

Los conflictos originados por el alumnado constituyeron el 38 por ciento de las consultas realizadas el curso pasado en La Rioja, siendo los más frecuentes las faltas de respeto, las amenazas, las agresiones al profesorado y entre el propio alumnado, los problemas para dar clase y, en menor medida, los daños a la propiedad de los docentes.

A un 29 % ascendieron los casos detectados sobre conflictos originados por las familias y, entre ellos, destacan las faltas de respeto, las falsas acusaciones, el acoso hacia los docentes y, en menor medida, la presión por las calificaciones, las denuncias al centro o a inspección educativa y el ciberacoso.

Ademñas, los conflictos originados en el ámbito laboral representaron un 33 por ciento de los casos y los más habituales fueron los problemas con la Administración, no aplicar el Reglamento de Régimen Interior y la normativa y los conflictos surgidos entre los propios compañeros docentes.

Este informe especifica que, en todos los casos registrados, “los docentes afectados sufrieron un acusado grado de ansiedad, llegando a cursar baja laboral en un 8 % de los casos” y, “aunque esto supone un descenso respecto al curso anterior, continúa siendo una cifra muy alta que es un coste añadido a la Administración pública”.

El 54 por ciento de los casos se ubicaron en Logroño y alrededores (La Rioja Media); un 29 por ciento se produjeron en la zona de La Rioja Baja; y un 9 por ciento fueron comunicados por afectados de La Rioja Alta; mientras que en un 8 por ciento de los casos los afectados no concretaron su localización geográfica.

Este documento constata que “las redes sociales y los entornos virtuales ofrecen un marco de distancia e impersonalidad que, en determinados casos, facilita la producción de amenazas, insultos y acoso”, por lo que es “una labor de todos los agentes sociales y educativos que estos actos no se produzcan y, en caso de hacerlo, que no queden impunes”.

Ante ello, ANPE ha exigido a la Administración la adecuada formación de todos los docentes en el uso de herramientas tecnológicas, en la gestión de plataformas educativas y en la actuación ante situaciones de acoso y ciberacoso; así como la dotación de recursos materiales y técnicos adecuados”.

Este sindicato ha resaltado la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, liderado por el Ministerio de Educación y FP, que “debería contar con la no derogación de la Ley 2/2011, de 1 de marzo, de autoridad del profesor y de la convivencia en los centros educativos de La Rioja y su desarrollo normativo”.

Este plan también tiene que incluir “el compromiso de la Administración educativa para facilitar asistencia jurídica y psicológica rápida y eficaz a los docentes afectados por situaciones de acoso, víctimas de agresiones, amenazas y similares”, ha incidido.

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