La conclusión del Juzgado nº3 de Calahorra, que durante cinco años ha investigado INAR, es que existen indicios suficientes que permiten sostener las acusaciones por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por hechos presuntamente realizados en dos de las ramas del conocido como ‘caso INAR’ en Arnedo: el pago indebido de una factura indebidamente emitida al inicio de la obras de la urbanización El Sol y la contratación, sin concurrencia competitiva (es decir, ‘a dedo’), de la gestión de la empresa municipal arnedana con una mercantil unipersonal, Adepri.
Para el titular del Juzgado, encargado de la instrucción, el resultado de las investigaciones durante este tiempo, en las que han tenido destacada participación los grupos especializados en delicuencia económica de la Guardia Civil, existen motivos para continuar esta causa criminal contra el anterior alcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad Pérez (en el periodo 2003-2015), los anteriores concejales de Urbanismo (el popular Manolo Soria y el regionalista Jesús Ángel Gil de Gómez); y el que fuera gerente de Adepri, la empresa gestora desde 2001, Francisco J. Bermejo.
Nacimiento de INAR
La empresa pública nació en 2001 con el objetivo de ser la primera empresa de estas características en La Rioja, siguiendo el modelo de otras compañias públicas, principalmente, de País Vasco. INAR nació edurante el último mandato de José María León Quiñones (PSOE), si bien el Gobierno socialista no tuvo demasiado tiempo de gestionarla al producirse un vuelco electoral que llevó a Juan Antonio Abad (PP) a la Alcaldía arnedana en 2003.
Gestionada desde sus inicios por la gestora Adepri, el PP había criticado en ocasiones esa gestión, cuyo único socio y propietario era Francisco J. Bermejo, por el hecho de ser sobrino del entonces concejal de Urbanismo. Pero las coincidencias familiares hicieron que el gestor fuese, de nuevo, sobrino del siguiente concejal de Urbanismo, Jesús Ángel Gil de Gómez, concejal del PR, que gobernaba en coalición con el Partido Popular.
Aunque la situación no era la ideal para una empresa pública, fue en 2006 cuando cambiaron las circunstancias legales, al modificarse la Ley de Contratación Pública. La nueva norma obligaba a la Administración a sacar a concurrencia competitiva y conocer y estudiar otras ofertas en los contratos de mayor montante. Pero, pese a ello, INAR siguió contratando a Adepri como había hecho hasta entonces.
Años de críticas constantes
El cuestionamiento político en torno a la empresa pública existió desde su nacimiento. Primero, del Partido Popular e Izquierda Unida hacia el PSOE; luego, con el popular Juan Antonio Abad como alcalde y el regionalista Jesús A. Gil de Gómez como edil de Urbanismo, la crítica la mantuvo IU (2003-2007); con el PP en mayoría absoluta (2007-2011), el PR incluso pidió la dimisión de Abad de la presidencia; y de nuevo con PP y PR en el pacto, el PSOE y los hermanos Álvarez la cuestionaron.
La actividad de INAR, sobre el papel, iba como la seda en sus inicios y durante el 2005 iniciaba el trámite de las 104 viviendas del PERI 7, dos naves en el polígono El Raposal y gestionaba la parcela para el Centro Joven. Pero eso no calló al concejal Pradas, de Izquierda Unida, acerca de la vinculación entre INAR y Adepri, que reiteraba que sería más rentable tener personal propio que pagar, además de cuestionar la cuantiosa remuneración fija, que en los últimos tiempos superaba los 14.000 euros mensualres, retribuciones variables por las comisiones de las ventas de viviendas y naves industriales.
En 2007, el PP conseguía la mayoría absoluta. Pero la crisis del ladrillo ya asomaba y Balzola & Socebro abandonaban las obras del PERI 7. PSOE y PR pedían la dimisión de Abad al frente de INAR. Con la actividad inmobiliaria casi imperceptible en noviembre de 2012 se renovaba el contrato con Adepri por 154.594,48 euros. El PSOE lo cuestionó, al señalar que no había carga de trabajo y que sus objetivos para 2013 no lo justificaban.
A finales de diciembre de 2013 INAR sacó a concurso su gestión. Fue la única ocasión en la que lo hizo por procedimiento negociado con publicidad. Sin embargo, lo hizo con la restricción de que los candidatos debían avalar tres años de experiencia al frente de una empresa municipal. A finales de enero de 2014, la gestión de INAR se adjudicaba a NUR, otra mercantil cuya propiedad pertenecía al mismo socio de Adepri.
La comisión de investigación
Cuando en 2015 ganó las elecciones municipales el PSOE, el nuevo equipo de Gobierno se comprometió a poner en marcha una comisión de investigación sobre la sociedad. Las cantidades recibidas por Adepri en 15 años ascendían a 2.874.239 euros y nada estaba claro. Tras la misma, el Ayuntamiento de remitía al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía cuatro cajas con la información sobre INAR y el fiscal jefe de La Rioja, Enrique Stern, presentaba una denuncia contra INAR por posible malversación de fondos públicos.
La existencia de relaciones de parentesco entre Francisco Bermejo Donamaría (socio único de Adepri y de Nur, sociedades gestoras de INAR) y quienes habían sido en diferentes periodos segundos ediles del Ayuntamiento de Arnedo permitía afirmar que había existido una connivencia o complicidad entre todos los implicados en la celebración de estos contratos.
De hecho, ha quedado probado que los asesores de Adepri eran quienes a su vez informaban a INAR por encargo del propio gerente/interesado sobre la contratación de la gerencia. El fiscal jefe del departamento primero de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas hacía suyo el informe redactado por el secretario general del Ayuntamiento de Arnedo, del que se desprendía que todos los contratos celebrados por INAR con Adepri y Nur contravenían “gravemente” la legalidad vigente.
En otro punto, el fiscal jefe veía indicios de perjuicio en los fondos públicos por un importe de 148.162,10 euros en relación con la factura de fecha 5-07-2010, sobre la que el secretario municipal apuntaba que «Adepri la giró de forma indebida».
Absueltos por el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas analizó la posible responsabilidad contable del exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, del concejal popular Manolo Soria -responsable de Urbanismo cuando tuvieron lugar los hechos- y del gerente y socio único de la empresa Adepri, Francisco Bermejo Donamaría, por la reclamación interpuesta por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo (INAR, S.A.) por una factura pagada a su gestora Adepri el 14 de julio del 2010 por importe de 174.831,28 euros.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas consideró que la posible responsabilidad contable de los demandados había prescrito, dada la fecha de los hechos. Salvados por la campana.
Depreciación de los terrenos
El ‘caso INAR’ no termina, sin embargo, con los hechos que permiten las acusaciones por los graves delitos de prevaricación y malversación. Tiene además otra ramificación en la que se investiga la sospechosa depreciación de unos terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento a la empresa municipal de suelo Infraestructuras para Arnedo (INAR) y que ésta entregó parcialmente a la empresa constructora encargada de la urbanización en pago de esas obras .
Para la construcción de 154 viviendas de protección en la urbanización El Sol, el Ayuntamiento cedió el 25 de marzo del 2008 seis parcelas a su empresa, valoradas en 6.938.767,66 euros por el arquitecto municipal. En la cesión, una cláusula indicaba que, de no construirlas, debían regresar al Consistorio. De las seis, INAR hizo constar en sus registros y cuentas el 31 de diciembre del 2009 que iba a utilizar tres parcelas, por valor de 1.084.447,48 euros, como pago a la constructora haciendo constar que el resto, valoradas en 5.852.320,18 euros, se devolvían al Ayuntamiento.
Sin embargo, ni retornaron al Ayuntamiento ni había suelo sobrante que devolver porque todo el aprovechamiento era necesario y absorbido por la construcción “proyectada” de viviendas de protección oficial tal y como se hacía constar en el Informe de la Secretaría General del Consistorio: «Nunca se devolvió ningún terreno, por cuanto las parcelas resultantes se identifican jurídicamente con las cedidas, de modo que lo que propició INAR con esta operación encubierta fue disminuir el valor urbanístico de las propiedades cedidas con la finalidad de obtener beneficios de cierta relevancia en sus transmisiones y resultados positivos en los ejercicios venideros».
De momento sobre la mesa del titular encargado de la investigación judicial se apunta en la dirección de una falsificación de las cuentas y está por ver si en realidad hubo o no perjuicio económico para el erario público en estas operaciones inmobiliarias sobre las que pesan fundadas sospechas de falseamiento. Pero esa es harina de otro costal que se dilucida en otro procedimiento ante el mismo Juzgado. Sin embargo, ambas tiene en común que lo que ha estado ‘en juego’ es el interés general de todos los arnedanos y el dinero público.
Un acuerdo del 20 de abril del 2010 describía el pago con terrenos de INAR a la constructora por la urbanización. En su informe, el secretario del Ayuntamiento de analiza la fórmula para el pago segregando las tres parcelas en otras once, concluyendo que, ante los diversos valores que les atribuyeron y dado «que nunca se devolvió el terreno», pudo haber para el Ayuntamiento «una pérdida patrimonial importante».
Toca ahora a la empresa municipal continuar en la causa criminal que continúa ejerciendo las acciones que corresponden en defensa de los intereses de la localidad.
