Ya hay fecha para la vista oral del juicio contra ocho de los acusados de participar en los violentos disturbios registrados el pasado 31 de octubre en el Paseo del Espolón de Logroño, que se saldaron con destrozos, saqueos y agresiones a varios agentes de Policía.
La vista se desarrollará el próximo 18 de octubre en la Audiencia Provincial de La Rioja y los ocho acusados se enfrentan hasta a 77 años y medio de prisión como presuntos autores de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad en concurso con nueve delitos de lesiones, daños y robo con fuerza. La petición del fiscal también incluye multas que ascienden a 22.680 euros.
En cuanto a las indemnizaciones, el Ministerio Público solicita el pago de manera conjunta y solidaria por parte de los ocho acusados de un total de 62.993,59 euros. Estas indemnizaciones, según el fiscal, deberán ser satisfechas en beneficio del Ayuntamiento de Logroño, de la Administración del Estado y de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja por daños ocasionados en una exposición situada en la vía pública.
También serán indemnizados nueve agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que resultaron heridos en los enfrentamientos. Además, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen a la dueña de un establecimiento que fue saqueado y a la compañía aseguradora que corrió con los gastos por los daños ocasionados en el mencionado comercio.
Según los hechos que constan en las diligencias y en la calificación de la Fiscalía, el pasado 31 de octubre sobre las 20.00h se convocó en El Espolón una concentración a través de las redes sociales y sin comunicación a la Delegación del Gobierno para protestar por el cierre de la hostelería en la capital riojana y por otras medidas acordadas por el gobierno regional para evitar la propagación del virus COVID 19.
Transcurridos diez minutos unas veinte personas, que se encontraban entre los congregados, comenzaron a lanzar bengalas y petardos contra agentes de la Policía que se habían dispuesto en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno, situada en El Espolón, para prevenir posibles incidentes. Tras los ataques, los agentes dispusieron rápidamente un despliegue operativo, momento en el que un grupo de concentrados comenzaron a lanzar contra los agentes, arquetas de alcantarillado, adoquines, postes de madera, señales, latas de bebida…
Los congregados, para continuar con el enfrentamiento violento, movieron contenedores y papeleras a modo de parapeto al que añadieron soportes de madera de una exposición desplegada en El Espolón por la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de la Rioja.
Los agentes utilizaron material antidisturbios para hacer retroceder a los violentos hasta la calle Miguel Villanueva. Aquí los manifestantes volvieron a arrojar objetos a los agentes, que realizaron nuevas cargas hasta desalojar El Espolón. Los manifestantes, seguidamente, se concentraron en la confluencia de las calles Vara de Rey y Gran Vía, donde se repitieron los enfrenamientos con los agentes uniformados del Cuerpo Superior de Policía.
Los manifestantes quemaron ocho contenedores y rompieron otros cuatro, ocasionaron desperfectos en el mobiliario urbano, así como a varios vehículos de la Policía. Nueve agentes resultaron heridos de diversa consideración. Antes de ser reducidos, algunos manifestantes asaltaron y saquearon un comercio en la Calle Vara de Rey, ocasionando daños por valor de casi 17.000 euros.
1 de noviembre
El Juez de Instrucción 1 de Logroño también ha concluido la instrucción de otra causa por los hechos ocurridos al día siguiente, el 1 de noviembre. Este procedimiento, con dos acusados por presuntos delitos de desórdenes públicos y de atentado a agentes de la autoridad, ya se encuentra en la Audiencia Provincial para ser juzgado. El fiscal solicita para cada acusado tres años y tres meses de prisión.
Según consta en el escrito del fiscal, los dos acusados, al igual que pasara el día anterior, se congregaron junto a un grupo de persona en el centro de la capital riojana para protestar por las medidas anti-COVID, lanzando piedras a los agentes policiales y con la clara intención de alterar el orden público.
