Hace unos meses, prácticamente ningún riojano sabía quién era Brahim Ghali. Fue el pasado 22 de abril cuando el digital parisino Jeune Afrique daba el primer aviso sobre la presencia del jefe del Frente Polisario en el Hospital San Pedro de Logroño al sufrir COVID-19. ¿Cómo fue su llegada? ¿Quién decidió que Logroño fuese el lugar en el que ingresarlo? ¿Quiénes sabían la verdadera identidad de aquel hombre que había llegado del aeropuerto de Zaragoza hasta el hospital riojano? Poco a poco, el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, de la mano del magistrado Rafael Lasala, va a arrojando luz sobre el ingreso más polémico de los cientos que se han realizado ola tras ola en el centro sanitario de la capital riojana.
NueveCuatroUno ha tenido acceso a varios documentos en los que se puede intuir parte de lo que pasó con el ingreso de Ghali. Al menos, según la versión más riojana de un culebrón que se gestó a través mensajes de WhatsApp, con ‘amigos’ desconocidos como protagonistas y de los que los actores secundarios se enteraron por la prensa. El pasado 18 de abril, Brahim Ghali ingresó en el San Pedro. Sin embargo, la historia comenzó, al menos, unos días antes en La Rioja según ha explicado el gerente del SERIS, Alberto Lafuente, a la Policía Nacional.
Todo comenzó con una llamada. De Eliseo Sastre, jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, a Lafuente. En ella se le habría consultado “si era posible ingresar a un paciente dentro del ámbito de la ayuda humanitaria”. Posteriormente le habría confirmado el día y el momento en el que este paciente llegaría al aeropuerto de Zaragoza. Lafuente asegura, según el atestado policial, que “no tuvo más comunicaciones relevantes relacionadas con el tema”, que aún a día de hoy “desconoce los informes que acompañaban al paciente y la documentación que se aportó en el momento del ingreso” y que se enteró “a través de la prensa de la identidad del paciente”.
Una afirmación que contrasta con la referida por el doctor Martínez, responsable del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital San Pedro de Logroño, quien también aseguró ante la policía que a lo largo de la hospitalización de Ghali “informaba diariamente al gerente a través de WhatsApp del estado del paciente como así se lo habían solicitado”. Y es que el WhatsApp de estos dos hombres echó humo durante esos dos días entre la primera información de que Ghali, bajo el nombre de Mohamed Benbatouche, llegaría a La Rioja y su ingreso.
Así, al menos, lo cuenta el doctor Martínez explicando que fue el día 16 de abril cuando Lafuente le envía un WhatsApp en el que le comenta que “un amigo suyo le pide una cama UCI para un paciente de COVID que viene desde el extranjero”. Un día más tarde, y de nuevo a través de mensajería, se confirma la necesidad de tener esa cama UCI (hay que recordar que en esa jornada había ingresados en las camas de críticos del San Pedro un total de 22 riojanos) y que el mismo domingo (día 18) recibió otro WhatsApp (11,49 horas) que decía que “a lo largo el día le podrá decir algo del paciente que venía del extranjero, que éste se encuentra intubado y no sabe si estará en condiciones de viajar”.
Un nuevo WhatsApp, 32 minutos más tarde, le confirma la llegada del paciente y la necesidad de tener una cama para él. Una llamada telefónica le ofrecerá más detalles. “Llegará en un vuelo que viene de Argelia y aterrizará en el aeropuerto de Zaragoza. Ya ha comenzado a coordinar el desplazamiento en ambulancia, pero no le puede decir quién es la persona”, apunta la documentación a la que ha tenido acceso NueveCuatroUno. Las dudas no tardaron en llegar. El doctor Martínez señala que le “llamó la atención que la identidad de Mohamed Benbatouche no se correspondía con los datos que figuraban en los informes médicos”. Una identidad que conocería a través de la prensa digital el 22 de abril, “pudiendo reconocerle fotográficamente en los mismos medios”.
De estas testificales, la policía extrae que la ambulancia que recogió a Brahim Ghali para su traslado al Hospital San Pedro pertenecía al Servicio de Emergencias Sanitarias del Servicio Riojano de Salud (Seris) y que su coordinación fue llevada a cabo por Alberto Lafuente. Esta salió de Logroño a las 17,22 horas del 18 de abril de 2021, llegando al aeropuerto de Zaragoza a las 20.25 y volviendo a Logroño a las 22.02 horas del mismo día. Además, la persona que habría solicitado el ingreso fue el jefe de la Oficina de la Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre, pero aún quedan muchas dudas.
¿Quién se lo solicitó a Sastre? ¿Quién entregó el pasaporte (con nombre falso) del paciente en el momento de la admisión? ¿Quién firmó el impreso de solicitud de asistencia a pacientes no financiados en el Sistema Nacional de Salud? ¿Eran Concha Andreu o Sara Alba conocedoras de la identidad del paciente antes de llegar a La Rioja? ¿Se enterarían también por la prensa?
La petición de una acusación
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra la citación como investigada de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por la entrada a España de Brahim Ghali, al considerarla “impertinente”. En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la Abogacía del Estado entiende que el resultado de la citación de González Laya como investigada “no va a aportar mayor aclaración sobre los hechos investigados que la que ya obra en las actuaciones con las declaraciones y demás diligencias practicadas”, y pide que se dicte el sobreseimiento del procedimiento.
Además, una de las acusaciones del ‘caso Ghali’ ha solicitado al juez la comparecencia en la causa, como testigo, de la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, que era delegada del Gobierno en Aragón el 16 de abril de 2021, cuando el líder del Frente Polisario llegó a la Base Aérea de Zaragoza sin identificación y sin pasar el control de pasaportes.
Un caso que además podría traer más consecuencias riojanas. La acusación ejercida por el exdiputado valenciano del Partido Popular Juan Vicente Pérez Aras, representado por el abogado Juan Carlos Navarro, ha presentado un escrito este mismo lunes ante el juez Rafael Lasala, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que pide la testifical de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu.
“Conforme a derecho”
La Abogacía del Estado además que si la decisión de permitir la entrada de Brahim Ghali en España por razones humanitarias sin control de pasaporte es conforme a Derecho, “es indiferente quién o quiénes tomaron la decisión o quién o quiénes estaban al corriente de la misma”.
Asimismo, considera “una investigación prospectiva, vetada en nuestro ordenamiento jurídico”, la petición del juez para que la oficina Sirene España y la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad informen sobre si cualquiera de los Estados de la zona Schengen habían librado orden europea de detención o de mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial sobre Ghali. “No se está investigando indicios aportados al procedimiento, se están buscando esos indicios”, añade en su escrito.
El juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, investiga la llegada de Ghali a la Base Aérea de Zaragoza el 16 de abril de este año en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado de la covid severa que padecía en el hospital San Pedro de Logroño, adonde fue trasladado en una ambulancia del servicio de Salud de La Rioja.
Lasala ha citado a declarar como investigada a González Laya el próximo lunes, 4 de octubre, día en el que también está prevista la declaración como testigo de José María Muriel Palomino, que en el momento de la llegada de Ghali a España era secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Respecto a la citación de Muriel Palomino, la Abogacía del Estado la considera igualmente innecesaria, una vez han declarado el exjefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino y el teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire Francisco Fernández.
En su escrito, recuerda que obran en las actuaciones informes de la Policía Nacional de los que se desprende que Ghali ostenta la nacionalidad española y es titular de un DNI en vigor, “lo que hace innecesario el tan cuestionado control de pasaporte que constituye el origen de la presente causa.
