La Rioja

Caso Ghali: el papel del Gobierno de La Rioja en la llegada del Polisario

El papel del Gobierno de La Rioja en la llegada del líder polisario a Logroño

El Gobierno de La Rioja inició los preparativos para acoger en el Hospital San Pedro a Brahim Ghali dos días antes de que el líder del Frente Polisario aterrizara en España. Así lo revela este lunes el diario El Mundo, que ha tenido acceso al informe que la Policía Judicial ha remitido a Rafael Lasala, el juez que instruye la causa.

Según esta información, Eliseo Sastre (jefe de gabinete de la Presidencia), requirió a Alberto Lafuente (gerente del Servicio Riojano de Salud) el pasado 16 de abril que preparase la llegada de un paciente “muy importante”, al que había que atender por “razones humanitarias”.

Eliseo Sastre.

El Mundo relata cómo las órdenes fueron avanzando en la estructura jerárquica del hospital: “El gerente del hospital le comenta -al responsable de Transplantes del centro hospitalario- que probablemente necesitará una cama libre en UCI para un paciente COVID que proviene del extranjero, pero que no sabe el día preciso en que iba a llegar, posiblemente el día 17 o 18”.

El informe policial subraya que durante los días que el líder del Frente Polisario permaneció hospitalizado en Logroño, era el propio gerente el responsable de informar puntualmente de su evolución, “ya que así se lo había solicitado”.

Alberto Lafuente.

En su comparecencia ante los agentes, el gerente del hospital reconoció que fue Pérez Sastre la persona que le informó de la llegada del líder de Frente Polisario por “razones humanitarias” y le solicitó, apuntó, “que se le ingresara en el hospital”.

Comisión de investigación

Este mismo lunes, el Grupo Parlamentario del PP de La Rioja ha registrado una solicitud de comisión de investigación para “esclarecer el papel de la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, en el caso Brahim Ghali”, ya que los populares creen que, “aunque Andreu había asumido la responsabilidad en este caso, ahora su coartada se ha desmoronado”.

El portavoz del PP riojano, Jesús Ángel Garrido, ha indicado que la jefa del Ejecutivo regional, “hasta ahora, decía que había colaborado con el Gobierno de España, pero ahora se sabe que ha colaborado con la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, imputada por un presunto delito”, por lo que “Andreu se sitúa en la órbita de la comisión de un presunto delito”.

“Andreu se nos muestra sin la autoridad política para decirle ‘no’ a quien hoy está imputada”, ya que “tiene tan poco peso político o criterio que acata las órdenes de un jefe de gabinete de la ministra Laya, lo que nos parece grave”, ha precisado.

Ha incidido en que la presidenta del Gobierno riojano “debe colaborar de manera voluntaria con la justicia” y debería comparecer voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza para esclarecer estos hechos. “No sabemos si el transporte desde Zaragoza al Hospital San Pedro fue en una ambulancia del Servicio Riojano de Salud (Seris), ni el coste total de la estancia de Ghali para las arcas públicas, ni en qué se han beneficiado los riojanos con este tema”, ha subrayado.

El portavoz popular ha detallado que ahora se abre un periodo de siete días para que algún grupo parlamentario presente un escrito de oposición a esta comisión, algo que espera que no se produzca, ya que “si el PSOE se opone, será la mejor prueba de que hay algo que quieren ocultar”.

Nuevas citaciones

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha citado a declarar como testigos en el caso de la llegada a España el 16 de abril de este año, por Zaragoza, del líder polisario Brahim Gali, a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a María Isabel Valldecabres, que era jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

En una providencia dictada el 24 de septiembre y a la que ha tenido acceso Efe, el juez fija las declaraciones de González Laya para el 4 de octubre a las 13 horas, y de Valldecabres y Crisóstomo para el día 18 de octubre a las 12.30 y 13.00 horas, respectivamente. El abogado que representa a la acusación popular en este caso, Antonio Urdiales, también solicitó la comparecencia como testigo de la propia Carmen Calvo, pero el juez prefiere esperar al resultado de las declaraciones de Valldecabres y Crisóstomo antes de decidir sobre esta petición.

El juez si que ya aceptó citar como investigada a la entonces ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, aunque todavía no hay fecha para su comparecencia. El que era entonces secretario general técnico del ministerio, José María Muriel Palomino, que fue cesado el 21 de julio por el ya nuevo ministro, José Manuel Albares, también comparecerá como testigo el 4 de octubre.

El juez investiga la llegada de Gali a la Base Aérea de Zaragoza el 16 de abril en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado de la covid severa que padecía en el hospital San Pedro de Logroño, adonde fue trasladado en una ambulancia del Servicio Riojano de Salud.

El exjefe de Gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino, admitió ante el juez en Zaragoza el pasado 13 de septiembre que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Gali con la “máxima discreción”, ya que la divulgación pública del viaje podría causar un “perjuicio” a las relaciones internacionales del país.

Ese mismo día, el teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire Francisco Fernández, en su calidad de testigo, confirmó al juez que Villarino le pidió por WhatsApp que a la llegada del avión a Zaragoza no se realizara el control de pasaportes a los viajeros y que le escribió la frase: “quien lo tiene que saber, ya lo sabe”.

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